Reclaman una multa de 5.000 euros por abatir ilegalmente dos corzos en un pueblo de Palencia

Ecologistas en Acción ha solicitado que se eleve la sanción económica impuesta a un cazador sorprendido en 2023 tras abatir ilegalmente dos corzos en el coto de caza de Hornillos de Cerrato.

La organización ecologista pide que la multa no sea inferior a 5.000 euros, además de la retirada de la licencia de caza por un año y la apertura de un expediente sancionador contra un segundo implicado.

Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando una patrulla del SEPRONA de la Guardia Civil de Palencia, en colaboración con agentes del puesto de Quintana del Puente, identificó a tres ocupantes de un vehículo que efectuaron un disparo desde el interior del mismo, abatiendo a un corzo macho trofeo.

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“Los autores abandonaron el cuerpo del animal en el terreno y se dieron a la fuga, aunque fueron interceptados poco después. Inicialmente negaron su implicación, pero finalmente confesaron haber matado a dos ejemplares sin contar con la preceptiva autorización del titular cinegético del coto”, explican.

Dos años después

Más de dos años después, en junio de 2025, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León resolvió incoar expediente sancionador por una infracción grave a la Ley 4/2021 de Caza de Castilla y León.

La propuesta inicial incluye una multa de 2.000,01 euros y una indemnización de 10.000 euros a favor del titular del coto por el valor de los corzos abatidos.

Ecologistas en Acción, que solicitó su personación en el expediente en junio de 2023, denuncia que no ha recibido acceso a la documentación hasta dos años después, lo que, a su juicio, revela una falta de rigor en la tramitación del caso.

En sus alegaciones, la asociación pide tener en cuenta la intencionalidad manifiesta de los infractores, evidenciada por los agentes que presenciaron los hechos, para agravar la sanción conforme a la legislación vigente.

La organización también critica la actitud del personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente, acusándoles de actuar más como abogados defensores que como garantes de la normativa, al buscar cerrar el caso con la mínima sanción posible y sin valorar adecuadamente la gravedad de los hechos.

"Han pasado más de dos años desde que se cometió la infracción hasta la apertura del expediente sancionador, lo que refleja una preocupante falta de interés y respeto por el trabajo de los agentes de campo", denuncia el comunicado de Ecologistas en Acción, que advierte del daño que estas actuaciones causan a la imagen y credibilidad del propio Servicio de Medio Ambiente..