Alumnos del CIFP Almázcara

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León

Denuncian que un alumno con TEA tendrá que repetir las prácticas agrarias tras no serle validadas en el CIFP Almázcara

UPL se suma a las críticas de UGAL-UPA y ABA, acusa a la Junta de poner trabas a los jóvenes del medio rural y reclama adaptar la formación para evitar casos de discriminación.

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La Unión del Pueblo Leonés ha cargado contra la Junta de Castilla y León por las “trabas” que, a su juicio, está poniendo a los jóvenes que quieren quedarse en los pueblos y abrirse camino en el sector agrario, después de conocerse el caso del alumno con Trastorno del Espectro Autista al que no se validaron las prácticas realizadas en el CIFP Almázcara y que ahora deberá repetirlas.

A través de su Secretaría de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, la formación leonesista ha mostrado su apoyo al joven afectado y a su familia, después de la denuncia pública realizada por UGAL-UPA y la Asociación Berciana de Agricultores.

Para UPL, lo sucedido refleja un problema que va más allá de un caso concreto y vuelve a poner sobre la mesa las dificultades con las que se encuentran quienes intentan incorporarse a la actividad agraria en el medio rural.

El secretario del área, Víctor Diez, ha asegurado que decisiones de este tipo “no hacen más que agravar el abandono del medio rural” al desanimar a quienes quieren emprender su proyecto de vida en los pueblos.

A su juicio, la situación resulta todavía más grave cuando afecta a personas con necesidades especiales que, en vez de encontrar apoyo, se topan con el desamparo de la administración autonómica.

UPL sostiene que el joven completó las 15 horas de prácticas exigidas por la normativa y que, además, lo hizo superando dificultades añadidas derivadas de su situación, como las barreras sensoriales que le provocan el ruido y los destellos, sin que, según denuncia la formación, se hubieran aplicado las adaptaciones necesarias por parte del centro.

La formación leonesista considera que este episodio evidencia la necesidad de adaptar este tipo de enseñanzas para que los alumnos con TEA puedan certificar sus prácticas en igualdad de condiciones y no se vean perjudicados por criterios como la supuesta “falta de aprovechamiento” alegada desde el centro.

En este sentido, UPL habla de un caso “flagrante” que, en su opinión, vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Además, recuerda que la dirección de estos centros debe acreditar la realización o el aprovechamiento de esas horas de formación práctica, un requisito que, según sostiene, el alumno sí cumple.

Por todo ello, la formación reclama el cese de la directora del CIFP Almázcara y del coordinador de Servicios de la Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias, al entender que deben asumirse responsabilidades para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse.