El municipio leonés de Cabrillanes ICAL
La eterna batalla por casi 700 hectáreas entre León y Asturias llega al Supremo: más de dos siglos de disputa territorial
El Ayuntamiento de Cabrillanes ha aclarado que el Alto Tribunal "aún no ha admitido" el recurso del Consistorio de Somiedo y del Principado de Asturias y ha defendido la vigencia de la sentencia favorable de la Audiencia Nacional.
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En las alturas de la Cordillera Cantábrica, donde los pastos comunales se extienden como un tapiz verde, dos municipios vecinos −Cabrillanes, en la provincia de León, y Somiedo, en Asturias− llevan más de dos siglos enzarzados en un litigio que trasciende los mapas.
No se trata de una mera línea fronteriza: son 674 hectáreas de monte bajo, pastos de altura y terrenos comunales que representan sustento para ganaderos, identidad y el orgullo de dos pueblos que han convivido durante generaciones en estas cumbres inhóspitas y bellas.
El debate sobre la admisión de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, presentado por Asturias y el Ayuntamiento de Somiedo, ha reavivado la pugna y el Ayuntamiento de Cabrillanes ha salido al paso para aclarar la situación procesal y pedir mayor apoyo institucional.
El recurso al Supremo
El alcalde de Cabrillanes, Emilio Martínez, de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), ha sido tajante y ha asegurado que el auto de la Audiencia Nacional del pasado 19 de marzo, notificado el día 25, "no supone que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite el recurso".
Martínez ha destacado que tampoco significa "que se haya entrado a valorar el fondo del asunto" y que se limita, exclusivamente, a admitir el escrito de preparación del recurso y a emplazar a las partes para que se personen en un plazo de 15 días ante el Supremo.
Solo después, una vez formalizado el recurso y recibido el expediente completo, el Alto Tribunal decidirá si lo admite o no. Hasta entonces, según el regidor, no existe pronunciamiento sobre el mérito del conflicto.
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La tramitación sigue su curso ordinario, y la sentencia favorable a Cabrillanes dictada por la Audiencia Nacional en enero de 2025 permanece vigente.
Desde el Consistorio han lamentado que "ciertas informaciones puedan inducir a interpretaciones erróneas" que "generen confusión entre la ciudadanía" y "una percepción distorsionada de la realidad procesal".
El deslinde aprobado en 2019 por el Ministerio de Política Territorial, que reconoce a Cabrillanes esas hectáreas basándose en documentos históricos como la Real Ejecutoria de 1785, sigue siendo la referencia jurídica actual tras el respaldo de la Audiencia Nacional.
Un litigio con raíces centenarias
Para entender la dimensión de este conflicto hay que remontarse más de 240 años atrás.
El origen se sitúa en el deslinde realizado en 1785, plasmado en una Real Ejecutoria de la Chancillería de Valladolid, que fijaba los límites entre los términos municipales de Cabrillanes y Somiedo con avenencia de las partes en aquel momento.
Aquel documento antiguo, según la interpretación defendida por Cabrillanes y avalada judicialmente, establece que una porción significativa de pastos, alrededor de 674 hectáreas, corresponde históricamente al municipio leonés.
La localidad leonesa de Cabrillanes
A lo largo de los siglos XIX y XX se sucedieron otros intentos de deslinde −en 1882, 1932 y 1946−, pero los leoneses argumentan que el más antiguo con conformidad expresa debe prevalecer, conforme a la jurisprudencia y normativa aplicable en materia de límites municipales.
El conflicto se judicializó en las últimas décadas y el Ayuntamiento de Cabrillanes recurrió resoluciones administrativas que no reconocían plenamente sus derechos.
El Consistorio obtuvo sentencias favorables en instancias como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, posteriormente, el respaldo del Tribunal Supremo en fases anteriores.
Casi 700 hectáreas en disputa
La Orden ministerial de 2019 pretendía ejecutar esos fallos, pero Asturias y Somiedo la recurrieron, llevando el caso a la Audiencia Nacional. En enero de 2025, la Audiencia Nacional falló a favor de Cabrillanes, ratificando el deslinde de 2019 y desestimando los argumentos asturianos.
Estos sostienen que no hubo conformidad expresa en el apeo de 1785 −alegando ausencia de firma del representante somedano− y que deben primar los deslindes posteriores firmados por todas las partes.
La sentencia consideró que la documentación histórica presentada por Cabrillanes era suficiente y que la ausencia de firma no invalidaba la avenencia. Para los leoneses, se hacía justicia tras décadas de reivindicaciones.
Para los asturianos, era "incomprensible", ya que afectaba a terrenos tradicionalmente usados por ganaderos de Puerto de Somiedo, en el corazón del Parque Natural de Somiedo, Reserva de la Biosfera.
Las casi 700 hectáreas en disputa no son baldías: son pastos de montaña aptos para el ganado, susceptibles de recibir ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), y forman parte del tejido económico de municipios rurales con poblaciones muy reducidas.
En Cabrillanes y en la comarca de Babia, estas tierras suponen un alivio para la ganadería extensiva; en Somiedo, su pérdida se percibe como un menoscabo territorial y económico.
Un caballo pasta frente a la localidad leonesa de Cabrillanes ICAL
El conflicto ilustra cómo, en la España vaciada, cada hectárea cuenta para la supervivencia de pueblos que luchan contra la despoblación.
Una larga batalla
Más allá del aspecto judicial, el comunicado del Ayuntamiento de Cabrillanes pone el foco en otra cuestión sensible: una supuesta "falta de implicación real" de la Junta de Castilla y León.
El alcalde y la secretaria general de UPL, Alicia Gallego, han expresado su preocupación y su malestar. "Pedimos mayor responsabilidad y firmeza al Partido Popular y a la Junta", ha afirmado Gallego.
Según su visión, el Consistorio de Cabrillanes se ha visto obligado a defender solo y con sus propios recursos, los intereses territoriales de la provincia de León.
Para ellos, la sentencia ganada beneficia no solo a Cabrillanes, sino a toda la provincia leonesa, y reclaman una defensa "real y económica" de los intereses leoneses.
El alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento continuará defendiendo sus derechos "con rigor y respeto a los procedimientos legales", confiando en que el proceso se desarrolle con todas las garantías.
Desde el lado asturiano, el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, y el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, han celebrado el paso procesal del Supremo como "buenas noticias" tras años de disputa.
Defienden que los límites actuales deben prevalecer y que no se pueden modificar fronteras autonómicas solo por sentencia judicial sin un consenso amplio.
Para ellos, el recurso busca proteger el territorio y a sus ganaderos, que llevan usando esos pastos "desde tiempo inmemorial".
Un medio de vida
Este litigio no es solo un pleito de mojones y documentos antiguos. Refleja tensiones más profundas en la España rural, la importancia de los pastos comunales en economías tradicionales y la dificultad de resolver disputas centenarias en un marco legal moderno.
Los ganaderos de ambas partes ven en estas hectáreas su medio de vida; los alcaldes, la defensa de su pueblo; y los políticos autonómicos, una cuestión de soberanía territorial.
Cabrillanes, con su alcalde al frente, reivindica que no se trata de expansionismo, sino de recuperar lo que históricamente les corresponde según la documentación más antigua.
Mientras el Supremo decide si admite el recurso de casación y, en su caso, entra en el fondo, la situación permanece en un limbo procesal. La sentencia de la Audiencia Nacional de 2025 sigue siendo la última palabra firme, pero el recurso asturiano mantiene viva la incertidumbre.
Para los vecinos de Cabrillanes, cada mes de espera supone continuar sin poder planificar con certeza el uso de esos pastos, con las consiguientes pérdidas económicas para sus ganaderos.
Más allá de los tribunales
Este caso invita a reflexionar sobre cómo se resuelven los conflictos territoriales en el siglo XXI. ¿Deben primar siempre los documentos más antiguos con avenencia? ¿O deben prevalecer los usos tradicionales y los deslindes consensuados posteriores?
La jurisprudencia parece inclinarse, en este caso concreto, por el primero, pero el Supremo tendrá la última palabra si admite el recurso.
Para Cabrillanes, la prioridad es clara: defender con rigor sus derechos históricos sin caer en confrontaciones estériles. "Continuaremos defendiendo nuestros derechos con rigor y respeto a los procedimientos legales", reitera el alcalde.
En las brañas de la Cordillera, el viento sigue soplando igual que hace 240 años. Los ganaderos suben sus rebaños, los pastos reverdecen cada primavera y los pueblos resisten. El litigio por esas 674 hectáreas es solo un capítulo más en una historia de convivencia y disputa.
Sea cual sea el desenlace judicial, lo que queda claro es que, para Cabrillanes, la defensa del territorio no es opcional: es una cuestión de supervivencia y de justicia histórica.
El proceso continúa. Mientras tanto, el Ayuntamiento del municipio leonés pide calma, precisión informativa y, sobre todo, una implicación real de las instituciones. Porque en estas cumbres, más que nunca, la unidad en la defensa del territorio rural se hace imprescindible.
