El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante una intervención en el Comité de las Regiones ICAL
Denuncian a Suárez-Quiñones ante Fiscalía por vínculos con un macrovertedero de León: “Derribemos su impunidad”
Siete colectivos ecologistas exigen la dimisión del consejero de Medio Ambiente por un supuesto conflicto de intereses. La Junta responde que respeta la justicia y sus cauces.
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Siete colectivos ambientalistas han presentado una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada contra el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Lo hacen por sus presuntos vínculos con el grupo empresarial promotor del polémico macrovertedero de residuos industriales y peligrosos proyectado en San Justo de la Vega (León).
Entre las organizaciones denunciantes se encuentran Bierzo Aire Limpio, Cepeda Viva, Luna Verde, Plataforma por el Futuro de la Montaña Central Leonesa, Indignados de Gestoso y la Plataforma para una Gestión de Residuos Eficaz y Sostenible, que aseguran haber documentado irregularidades que consideran constitutivas de delito.
La empresa Valorización Verde S.A., promotora del proyecto declarado de “interés regional”, se habría beneficiado de ventajas administrativas como reducción de plazos y exención de trámites obligatorios para otros proyectos.
Según los denunciantes, la mercantil estaría vinculada a Asturiana de Laminados S.A. (ASLA), compañía en la que el hijo del consejero, Jaime Suárez-Quiñones, habría ocupado cargos de alta dirección.
Pese a este posible conflicto de intereses, “el consejero no se abstuvo en la tramitación y concedió las autorizaciones necesarias para el desarrollo del macrovertedero”, según denuncian las asociaciones en un comunicado al que ha tenido acceso este medio.
Los colectivos ecologistas también recuerdan otros episodios polémicos de su gestión, como la respuesta “desorganizada” a los incendios del pasado verano.
Además, añaden que el consejero ya ha adoptado decisiones en beneficio de los mismos intereses empresariales, como la resolución que legaliza una cabaña ganadera dentro del Parque Natural de Babia y Luna, en contra del criterio del Ayuntamiento de Cabrillanes y de la Comisión Territorial de Urbanismo.
Altos Cargos
Las organizaciones sostienen que las actuaciones de Suárez-Quiñones podrían vulnerar el Código Ético de Altos Cargos de la Junta de Castilla y León y solicitan a la Fiscalía que investigue si son constitutivas de delito.
“En muchas decisiones políticas del consejero y del PP existe una clara confusión entre los intereses públicos y privados. Consideramos que es un peligro para el medio ambiente que esta persona continúe en el cargo”, han señalado en este comunicado.
Las entidades llaman a “derribar el muro de la impunidad” y confían en que la Fiscalía Anticorrupción pueda llegar al fondo del asunto.
Respuesta de la Junta
Por su parte, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que la Junta respeta la iniciativa de estas organizaciones ecologistas, recordando que “cualquier persona o colectivo puede recurrir a los tribunales y serán los jueces quienes determinen lo sucedido”.
El consejero Suárez-Quiñones atraviesa un momento delicado tras la gestión de los últimos incendios forestales, que ha generado muchas críticas. Pese a ello, Carriedo insistió en que la denuncia “no implica más que el funcionamiento normal del Estado de derecho” y subraya que la Junta “siempre respeta las sentencias judiciales y las decisiones de los tribunales”.
En paralelo, el procurador Francisco Igea ha solicitado a la Comisión de Ética Pública que se pronuncie sobre el caso. Preguntado por esta petición, el portavoz indicó que dicho órgano “se reúne cuando lo estima oportuno” y que, si la denuncia encaja en sus competencias, “lo estudiará, lo examinará y hará públicas sus conclusiones”.
La Comisión de Ética
El procurador del Grupo Mixto en las Cortes autonómicas Francisco Igea ha confiado en que la Fiscalía Anticorrupción no encuentre caso en la denuncia y que "podamos saber si se ha producido una situación de conflicto de interés". "Conviene que alguna vez se diferencie lo que es éticamente reprobable de lo que es penalmente punible", ha señalado.
Igea ha asegurado que en política "hay cosas que no se pueden hacer aunque a uno no le metan en la cárcel".
"Si la Comisión de Ética vuelve a responder que será lo que diga la Fiscalía lo que debería hacer la Comisión de Ética es disolverse, porque no tendría ninguna utilidad. Espero que resuelva antes la Comisión de Ética que que se pronuncie la Fiscalía Anticorrupción", ha insistido.
