Pérgola sobre la CL-602
El AVE Burgos-Vitoria activa la expropiación forzosa de 1,6 millones de metros cuadrados de suelo rural
El Ministerio convoca a los propietarios de Rubena, Quintanapalla, Valle de las Navas y Rublacedo de Abajo en julio para levantar las actas previas a la ocupación de 1,6 millones de metros cuadrados de suelo rural.
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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado de forma oficial la maquinaria administrativa para el inicio de las obras del tren de alta velocidad entre Burgos y Vitoria, lo que supondrá una profunda intervención sobre el territorio rural de la provincia burgalesa.
El Gobierno central ha abierto el procedimiento expropiatorio para ocupar más de 1,6 millones de metros cuadrados de terreno en el subtramo que une la variante ferroviaria de la capital con el Valle de las Navas, un paso obligatorio e indispensable para poder levantar la plataforma sobre la que circularán los convoyes.
Este proceso de expropiaciones forzosas, imposición de servidumbres y ocupaciones temporales afectará de lleno a numerosas fincas y parcelas catalogadas en su totalidad como suelo rural dentro de los términos municipales de Rubena, Quintanapalla, Valle de las Navas y Rublacedo de Abajo.
La resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario abre desde este momento el periodo de información pública y cita formalmente a todos los propietarios de los bienes y derechos afectados para el levantamiento de las actas previas a la ocupación, unas jornadas clave para los afectados que se desarrollarán entre el 7 y el 15 de julio de este año 2026.
Las dimensiones del suelo que pasará a manos del Estado reflejan la enorme envergadura técnica de este trazado de casi diecisiete kilómetros.
En concreto, la superficie objeto de expropiación en pleno dominio y de forma permanente para la plataforma ferroviaria asciende a 1.305.014 metros cuadrados.
A esto se suman otros 180.187 metros cuadrados correspondientes a la imposición de servidumbres en terrenos privados colindantes a las vías, y 127.245 metros cuadrados más de ocupaciones temporales que los propietarios deberán ceder a las empresas constructoras para albergar las instalaciones de obra, los acopios de material y los accesos de la maquinaria pesada.
Además, el Estado expropiará una superficie de compensación ambiental de 35.000 metros cuadrados pertenecientes a la concesión minera de calizas de Camperón, en el Valle de las Navas, con el objetivo de restaurar los hábitats naturales de interés comunitario que resulten interceptados por el paso del tendido ferroviario.
El despliegue de las obras en este subtramo, cuya licitación se lanzó a principios de año por un importe de 159,2 millones de euros, requerirá reconfigurar por completo el paisaje agrario de la comarca.
Hacer que los trenes vuelen a 350 kilómetros por hora por la provincia sin que el terreno sea un obstáculo va a exigir una transformación radical del paisaje.
El proyecto es de tal envergadura que obligará a levantar seis grandes viaductos en este tramo; estructuras imponentes como la que cruzará sobre el río Vena, de más de 640 metros de largo, o la del arroyo del Valle, que rozará los 450 metros.
Pero el verdadero impacto para el día a día de la comarca estará a ras de suelo.
Las expropiaciones no son solo para las vías, sino también para crear un falso túnel que permita cruzar a los animales de la zona, una gran área técnica de control ferroviario y, sobre todo, para poner patas arriba los servicios básicos.
Habrá que desviar a contrarreloj tuberías de agua, conducciones de gas y líneas eléctricas, además de rehacer caminos vecinales y senderos ganaderos.
Todo un rompecabezas de obras para intentar remendar la herida que dejará el trazado del Corredor Atlántico al partir por la mitad decenas de fincas agrícolas.
