El gerente del Hospital Universitario de Burgos, Carlos Cartón,, y el jefe del servicio de Oncología del HUBU, Enrique Lastras, ofrecieron una rueda de prensa para explicar el error que causó la muerte de dos pacientes. Europa Press
El Defensor del Paciente y la Fiscalía llevan al juzgado el caso de sobredosis de quimioterapia en el Hospital de Burgos
El juzgado de Instrucción de Burgos abre diligencias previas por la administración de dosis de hasta seis veces superiores a las prescritas a cinco pacientes oncológicos en el HUBU, dos de los cuales fallecieron.
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La sobredosificación de tratamientos de quimioterapia a cinco pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) ya está en manos del Juzgado.
El Tribunal de Instancias-Sección de Instrucción de Burgos, en su Plaza nº1, ha incoado diligencias previas por unos hechos ocurridos en diciembre de 2025 y que, según sostiene la Fiscalía, podrían ser constitutivos de dos delitos de homicidio imprudente por imprudencia profesional grave y tres delitos de lesiones graves.
Se trata de un nuevo paso judicial en una causa que hasta ahora permanecía en la Fiscalía.
Ha sido el Ministerio Fiscal quien ha remitido el asunto al juzgado, que ha acordado abrir diligencias para investigar lo sucedido y depurar posibles responsabilidades penales.
Los hechos afectan a cinco pacientes con cáncer que recibieron dosis de quimioterapia de hasta seis veces por encima de las prescritas.
Según la denuncia impulsada por la Asociación El Defensor del Paciente, el origen del error estaría en la configuración del medicamento Cabazitaxel dentro del sistema informático Oncofarm, supervisado por farmacéuticos del Sacyl, donde se habría introducido una concentración incorrecta.
Esa supuesta anomalía provocó, siempre según la versión trasladada por la asociación y recogida por la Fiscalía, que aunque la dosis médica estuviera correctamente prescrita, la cantidad finalmente administrada fuera muy superior a la debida.
Las consecuencias fueron dramáticas. Dos de los pacientes fallecieron y otros tres sufrieron lesiones de carácter muy grave.
Algunos precisaron ingreso en la UCI y, de acuerdo con la información difundida por la asociación, presentan secuelas irreversibles. Entre los afectados se encuentran además dos pacientes representados por el letrado Santiago Díez, adscrito a los servicios jurídicos de El Defensor del Paciente, uno de los cuales continúa hospitalizado.
La investigación judicial deberá ahora aclarar si se trató de una cadena de errores evitables, de un fallo estructural en los protocolos de seguridad o de una combinación de ambos factores.
La Fiscalía apunta, en ese sentido, a un problema sistémico en la preparación, validación y administración del tratamiento oncológico.
Desde la asociación denuncian precisamente que no se está ante un episodio aislado, sino ante un fallo estructural de seguridad con varios niveles de responsabilidad, desde la configuración del sistema hasta la supervisión clínica posterior.
Por ello, reclaman que el Sacyl identifique a los responsables de lo ocurrido y exigen una investigación exhaustiva que alcance tanto a posibles autores individuales como a eventuales responsabilidades institucionales.
La presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha asegurado que “la magnitud de lo ocurrido es inaceptable.
No estamos ante un simple error humano, sino ante una cadena de fallos que ha costado vidas”.
La apertura de diligencias previas supone, a juicio de la asociación, un avance decisivo para esclarecer unos hechos de enorme gravedad y determinar si existió una infracción penal en la atención prestada a estos pacientes.
Mientras tanto, El Defensor del Paciente ha anunciado que continuará ejerciendo la acusación particular en nombre de los perjudicados que decidan sumarse a la causa.
