El TSJ de Castilla y León frena la prórroga forzosa de la Escuela Municipal de Música de Burgos

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado la razón, de forma cautelar, al anterior adjudicatario de la Escuela Municipal de Música Antonio Cabezón de Burgos y ha dejado en suspenso el acuerdo del Ayuntamiento que le obligaba a continuar con la prestación del servicio una vez vencido el contrato. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Burgos, estima el recurso de apelación presentado por el contratista, revoca el auto dictado en primera instancia y acuerda la suspensión de la ejecución del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 7 de agosto de 2025 hasta que recaiga sentencia firme en el procedimiento principal.

La resolución, fechada el 2 de marzo de 2026, analiza la continuidad forzosa del servicio de la escuela municipal después de que expirara el contrato suscrito en 2020, que ya había agotado su duración inicial y sus tres prórrogas anuales.

El Ayuntamiento había acordado mantener al mismo adjudicatario en las mismas condiciones técnicas y económicas hasta la formalización de un nuevo contrato, al considerar que existían razones de interés público para no interrumpir un servicio del que dependen más de 700 familias.

Sin embargo, el TSJ concluye que concurren los requisitos para adoptar la medida cautelar solicitada por el recurrente. La Sala entiende que obligar al contratista, una persona física, a seguir prestando el servicio en esas condiciones podía causarle perjuicios de difícil o imposible reparación, no solo por las pérdidas acumuladas, sino también por la falta de liquidez acreditada para afrontar nóminas, seguros sociales y pagos a proveedores.

La sentencia recoge que la actividad arrojó pérdidas de 5.913,81 euros en 2023 y de 10.130,40 euros en 2024, además de un contexto de tensión económica que, a juicio del tribunal, podía comprometer incluso la viabilidad de su actividad.

Reproche a la actuación municipal

La Sala pone el foco en la actuación del Ayuntamiento de Burgos y subraya que fue la propia Administración la que no tramitó a tiempo un nuevo procedimiento de licitación que permitiera garantizar la continuidad del servicio sin recurrir a esa fórmula extraordinaria.

Los magistrados señalan que no consta que existieran circunstancias imprevisibles que impidieran licitar antes de la finalización del contrato, y recuerdan que el Consistorio conocía de sobra la fecha de vencimiento de la última prórroga.

La sentencia va un paso más allá y cuestiona que el interés público pudiera sostenerse a cualquier precio.

Aunque reconoce la relevancia pedagógica, cultural y social de la escuela municipal, considera que el Ayuntamiento tenía capacidad económica, organizativa y legal para buscar otras alternativas sin cargar sobre el anterior contratista el peso de mantener el servicio. En ese punto, la Sala sostiene que no correspondía al adjudicatario seguir garantizando la actividad a partir del 4 de septiembre de 2025.

Dudas sobre la cobertura legal

Uno de los aspectos más delicados del fallo está en la aplicación del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, el precepto en el que el Ayuntamiento apoyó la continuidad del servicio. El TSJ aprecia, al menos de forma indiciaria y a efectos cautelares, que no se cumplían los requisitos que exige la norma para una prórroga excepcional del contrato.

Entre ellos, que el anuncio de licitación del nuevo contrato se hubiera publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.

Según recoge la sentencia, esa licitación no se publicó hasta el 31 de octubre de 2025, es decir, casi dos meses después del vencimiento del contrato, fijado el 4 de septiembre. Además, aquel procedimiento terminó desierto, al no presentarse ofertas, lo que agravó todavía más la situación.

Para la Sala, ese dato refuerza la apariencia de buen derecho del recurrente y debilita la cobertura jurídica del acuerdo municipal impugnado.

La resolución también recuerda que el nuevo estudio económico del servicio manejaba una aportación municipal sensiblemente superior a la del contrato anterior. Frente a los 48.400 euros anuales, sin IVA, del contrato suscrito en 2020, la nueva licitación elevaba el importe hasta 102.000 euros anuales.

Ese desfase sirve al tribunal para apuntalar la idea de que mantener al contratista anterior en las mismas condiciones resultaba económicamente insostenible.

Sin costas y con opción de recurrir

Con esta decisión, el TSJ revoca el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Burgos, que había rechazado inicialmente la medida cautelar. La Sala acuerda no imponer costas ni en primera ni en segunda instancia al apreciar dudas de hecho y de derecho, precisamente por la diferencia de criterio entre ambos órganos judiciales.

La sentencia no entra todavía en el fondo definitivo del litigio, pero sí deja un serio correctivo a la actuación municipal al entender que la prórroga forzosa pudo imponerse al margen de los requisitos legales y con un perjuicio relevante para el adjudicatario. La resolución es recurrible en casación.

El Ayuntamiento de Burgos mueve ficha

Por su parte, el Ayuntamiento de Burgos aseguró este lunes que, desde que tuvo conocimiento de la resolución del TSJ de Castilla y León el pasado jueves, ha intensificado las gestiones para tratar de reconducir la situación. El equipo de Gobierno mantiene contactos con el adjudicatario y sus representantes legales, ha convocado para esta tarde, a las 16.30 horas, una reunión con los profesores para explicar el estado del conflicto y las opciones sobre la mesa, y confía además en cerrar a finales de esta semana el pago de las facturas pendientes una vez pasen por la Junta de Gobierno Local.

El Consistorio admite la inquietud de las familias y sostiene que está haciendo “todo lo posible” para encontrar una salida que permita mantener la actividad lectiva.