La Guardia Civil de Burgos ha identificado e investigado a un hombre de 38 años, cuyas iniciales corresponden a ASAG, como presunto autor del incendio forestal ocurrido el pasado 18 de diciembre en el paraje de Rioseco, perteneciente al término municipal de Espinosa de los Monteros, y a consecuencia del cual se quemaron 1,92 hectáreas de matorral. 

Según informa la Guardia Civil, fue a las 15:16 horas de dicho día cuando fueron alertados de un incendio forestal que, debido al abundante combustible natural acumulado en el monte y las condiciones ambientales existentes, permaneció activo durante más de tres horas. Este no logró ser controlado y apagado en su totalidad por los servicios de extinción desplazados hasta el lugar de los hechos, hasta las 18:31 horas. 

Por su parte, el Seprona de la Comandancia de Burgos inició una investigación con el fin de determinar los detalles del suceso e identificar al posible autor, en la que, según explican, las conclusiones del informe técnico de investigación de causas confeccionado por el Seprona y agentes medioambientales de la Junta han resultado determinantes. 

Y es que, según ha comunicado la Guardia Civil, este ha determinado que el fuego se inició en un prado particular, donde el presunto autor de los hechos quemó de manera intencionada 34 montones de restos vegetales que acumuló tras realizar labores de desbroce y que después pretendió destruir. 

Los investigadores han descartado la presencia o vertido de acelerantes, pero sí afirman que, el fuego se propagó sin control por las condiciones medioambientales existentes en la zona. Aclaran, además, que las llamas llegaron a saltar un muro de piedra evolucionando después por el monte. 

Por todo ello, el responsable ha sido identificado, localizado e investigado como presunto autor de un delito de incendio forestal, instruyéndose diligencias que han sido entregadas en el Juzgado de Villarcayo. 

Y es que, según apunta la Benemérita, este tipo de delitos puede llegar a estar penado con hasta 5 años de prisión y una multa de 18 meses, que se pueden agravar hasta los 20 años en el supuesto de que exista peligro para la vida o integridad física de las personas.