Funcionarios policiales adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Ávila, han detenido a 9 personas que compraban los documentos falsos a una organización dedicada, presuntamente, a la falsificación de tarjetas de solicitantes de Asilo. La red criminal cobraba entre 300 y 400 euros de media por cada documento falsificado.

Se ha detenido a un total de nueve personas, y se ha intervenido diferente documentación, consiguiendo importante información referente a los autores materiales de las falsificaciones, que posibilitaron nuevas detenciones desarrolladas a nivel nacional.

Con motivo de las investigaciones realizadas, se posibilitaron autorizaciones judiciales para solicitar, a distintos organismos y empresas, la documentación personal aportada por los investigados para formalizar contratos de trabajo y otras gestiones de tipo Administrativo, comprobándose que, efectivamente, dichas personas habían sido solicitantes de Protección Internacional (Asilo), pero habían dejado de tener esa condición.

Se acreditó que las solicitudes habían sido denegadas y notificadas a los interesados, pues no cumplían con los requisitos establecidos en la Ley 12/2009 que regula la Ley de Asilo y Protección Subsidiaria y, por tanto, ya no contaban con autorización para residir ni permanecer en España; sin embargo, estas personas utilizaban las tarjetas falsas, dando apariencia de legalidad y de encontrarse en situación regular intentado burlar así las normas referentes a la normativa aplicable y así poder formalizar contratos de trabajo y otras gestiones como canjear sus permisos de conducir.

Modus Operandi

Las tarjetas eran facilitadas para un plazo de seis meses y posteriormente, si querían mantener esa apariencia de legalidad, debían contactar de nuevo con los falsificadores para obtener una nueva y supuestamente en vigor.

La organización en algunos casos remitía por correo certificado las nuevas tarjetas a los interesados y en otras ocasiones viajaban a Madrid, donde supuestos abogados les entregaban la tarjeta en la calle, cauces totalmente inusuales y prohibidos para obtener dicho documento, ya que los mismos son únicamente expedidos en las distintas Comisarías de Policía Nacional, en presencia del interesado, por funcionarios habilitados y sin coste alguno. Los cauces legales descritos eran de sobra conocidos por los detenidos, ya que todos ellos en su día poseyeron documentos legales.