El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán Fernández ICAL
La Junta formaliza los recursos contra los decretos del Gobierno sobre el reparto de menas y la regularización de extranjeros
“Seguiremos luchando con todos nuestros medios contra la nefasta y negligente política migratoria de Pedro Sánchez” afirma Pollán.
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El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha anunciado este miércoles que la Junta de Castilla y León ha presentado dos recursos contra sendos reales decretos aprobados por el Gobierno de España en materia migratoria.
En concreto, se trata del Real Decreto 316/2026, relativo a la regularización extraordinaria de extranjeros, y del Real Decreto 556/2026, sobre la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados de las comunidades y ciudades autónomas.
Pollán defendió que Castilla y León utilizará todos los mecanismos administrativos y judiciales a su alcance para recurrir unas medidas que, a su juicio, trasladan a las comunidades autónomas responsabilidades que corresponden al Gobierno central.
“Unilateralmente el Gobierno de España quiere hacer cambiar” la capacidad de las comunidades para acoger a menores extranjeros no acompañados, sostuvo el vicepresidente primero, quien vinculó los recursos con el cumplimiento de la normativa nacional e internacional y con el principio del interés superior del menor.
“Afectan negativamente porque es un incumplimiento del Gobierno de España”, afirmó Pollán al ser preguntado por las consecuencias concretas de los decretos para Castilla y León. Según explicó, el Ejecutivo autonómico considera que el Gobierno central está trasladando a las comunidades un problema que debe resolver directamente.
“Un problema que tiene que solucionar el Gobierno de España no puede trasladar ese problema sin cumplir con la legislación nacional, con la legislación internacional y con el interés superior del menor”, señaló.
En este sentido, Pollán defendió que la prioridad debe ser que los menores regresen con sus familias o que sean las instituciones tutelares de sus países de origen las que se hagan cargo de ellos. “La legislación internacional dice que tiene que estar con sus familias y tiene que estar con sus padres”, aseguró.
El vicepresidente primero sostuvo además que la capacidad del sistema de protección de Castilla y León se encuentra ya superada. “Crea problemas al resto de comunidades y traslada un problema que nosotros no debemos atender porque además la capacidad está superada y no se puede”, añadió.
Pollán aprovechó también su intervención para reiterar las críticas de la Junta a la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez.
Afirmó que el Ejecutivo autonómico continuará oponiéndose a estas medidas “con todos nuestros mecanismos políticos, administrativos y judiciales” y puso como ejemplo la situación de Ceuta, cuya gestión migratoria considera “absolutamente inaceptable”.
Según el vicepresidente, el Gobierno central está actuando con rapidez para aprobar reales decretos mientras, en su opinión, no se resuelven otros problemas relacionados con la gestión migratoria.
“El Gobierno de Pedro Sánchez corre y acelera solamente por sus intereses políticos en reales decretos de un día para otro, pero la situación de Ceuta y de los ceutíes sigue sin arreglarse”, manifestó.
Ayudas a las ONG vinculadas a la inmigración
Preguntado por las ayudas que reciben las organizaciones del tercer sector y por la posibilidad de que se produzcan cambios en los presupuestos de 2027, Pollán afirmó que la Junta prevé reducir las subvenciones destinadas a determinadas actividades relacionadas con la inmigración.
“Reduciremos todas las subvenciones a las ONG que están participando y están colaborando con lo que nosotros consideramos que es un efecto llamada al tráfico de personas y a la inmigración ilegal”, aseguró.
No obstante, diferenció estas ayudas de las actividades ordinarias que desarrollan las entidades sociales. “Las actividades que estén realizando dentro de su labor normal de apoyo a las distintas situaciones que se dan en Castilla y León y en el resto de España creo que pueden estar absolutamente tranquilas”, afirmó.
Pollán explicó que la Junta está revisando el gasto destinado a estas organizaciones. “Estamos auditando todos los gastos que tiene la Junta de Castilla y León en relación con las ONG y con el gasto en cuanto al mantenimiento de la inmigración ilegal”, indicó.
El vicepresidente recordó además que había mantenido recientemente un encuentro con representantes de la Plataforma del Tercer Sector y aseguró que el Ejecutivo autonómico continuará trabajando en esta línea, en referencia a los compromisos recogidos en el pacto de gobierno.
Colaboración con San Juan de Dios
Durante su intervención, Pollán también destacó la posibilidad de ampliar la colaboración de la Junta con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, tanto en el ámbito social como en nuevos proyectos vinculados a la innovación y la tecnología.
El consejero puso en valor la actividad que desarrolla la organización en León, en España y en otros países, y destacó su modelo asistencial, que abarca diferentes etapas y necesidades de las personas.
“Todo el mundo conoce la labor que realiza San Juan de Dios tanto en León como en España y como en el resto del mundo”, señaló Pollán, quien destacó que se trata de “un modelo hospitalario que ocupa todas las necesidades y todas las etapas de la vida de las personas”, desde la asistencia social hasta la educación y la cooperación con otras instituciones.
