El comisionado de Transparencia de Castilla y León, Tomás Quintana, presenta la Memoria Anual correspondiente al año 2025 ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común en las Cortes, este lunes ICAL
Transparencia reclama garantizar el cumplimiento "forzoso" de sus resoluciones en Castilla y León
Quintana pide introducir modificaciones en futuras reformas de las leyes de transparencia estatal y autonómica.
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El Comisionado de Transparencia, Tomás Quintana, reclamó este lunes introducir en futuras reformas de las leyes de transparencia, estatal y autonómica, modificaciones para garantizar el "cumplimiento forzoso" de las resoluciones de estos órganos, como recordó ya han hecho algunas comunidades autónomas, como Navarra.
Como dato, precisó que a mediados de este año, el 62% de las resoluciones estimatorias adoptadas en 2025 ya se habían ejecutado.
Quintana compareció este lunes ante la Comisión de Relaciones del Procurador del Común de las Cortes para presentar la memoria de actividades del Comisionado de la Transparencia relativa a 2025, informe que llegó al parlamento el pasado mes de julio.
En su primera alocución de la legislatura ante los procuradores de este órgano parlamentario, hizo un repaso de la actividad en los diez años de funcionamiento de esta institución.
De esta forma, señaló que la falta de cumplimiento de las resoluciones adoptadas por los órganos de garantía de la transparencia no es un problema que afecte solo a su institución.
A 30 de junio de este año, recordó que el 29 por ciento de las resoluciones adoptadas en 2025 por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de ámbito autonómico y local, estaban aún por cumplir pese al tiempo transcurrido.
![Tomás Quintana entrega la memoria a la Comisión de Transparenci](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10262387.jpg?p=w:320\/h:240&h=Zp7Hqljq"])
Igualmente, resaltó el "destacable" bajo nivel de litigiosidad que generan sus resoluciones y, además, subrayó la confirmación en vía judicial de sus resoluciones cuando son impugnadas. De hecho, explicó que en 2025 se interpuso un recurso judicial y se dictó una sentencia confirmatoria.
Una década después de la creación de este órgano de garantía de la transparencia, Tomás Quintana, también procurador del Común, afirmó que los avances son "innegables".
No obstante, a pesar de la evolución "positiva", consideró que todavía queda "camino por recorrer", especialmente por las entidades locales de menor tamaño, algunas de las cuales -recordó- no son ajenas a la función legislativa de las Cortes.
Al respecto, precisó que el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa para gran parte de los 2.187 municipios de menos de 5.000 habitantes sigue siendo "muy limitado".
Por ello, incidió en el papel "fundamental" que deben desempeñar las diputaciones, pero también la Administración autonómica a través de ayudas económicas y otras vías de cooperación.
También, aludió a la conveniencia de "ajustar normativamente" las obligaciones en materia de publicidad a la realidad de los pequeños municipios, informa Ical.
En relación con el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, Quintana indicó que sigue pendiente la actualización de algunos contenidos, el incremento de la "claridad" de la información mediante la incorporación de gráficos y cuadros fácilmente comprensibles o la publicación de la información de las organizaciones del tercer sector social.
Sobre Somacyl, denunció que se mantienen "notables" deficiencias en lo referente a la publicidad activa.
Quintana, sin embargo, expuso que aún hay entidades locales como la Diputación de Burgos o los ayuntamientos de Zamora, Ponferrada, Segovia y Palencia que manifiestan haber recibido en 2025 menos de 10 peticiones de información.
Además, en términos generales destacó que se publica más información, pero advirtió de que esto no siempre implica que se sea más transparente.
Finalmente, destacó que se han presentado ante la Comisión de Transparencia 1.432 reclamaciones en 2025, si bien 839 tenían el mismo objeto -bienestar animal- y se dirigieron a otros tantos ayuntamientos. Además, se formularon 497 resoluciones, cuando una década antes se adoptaron 66.
El apoyo de la oposición
Los grupos Socialista y Mixto apoyaron incorporar en una reforma de la Ley de Transparencia de Castilla y León un régimen coercitivo para hacer cumplir las resoluciones en esta materia, como pidió Quintana.
El Comisionado aseguró que la existencia de un instrumento de este tipo "anima" a la administración a facilitar de forma "voluntaria" la información.
Aunque Vox consideró que se abría una posibilidad esta legislatura, el PP abogó por esperar a que una nueva norma estatal recoja estas medidas para incorporarlas después a la regulación autonómica.
En el debate posterior a la presentación de la memoria de 2025 ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común de las Cortes, Tomás Quintana explicó a los portavoces que Navarra y la Comunidad Valenciana cuentan ya con un régimen coercitivo y que no han tenido que utilizarlo.
Así, se mostró convencido de que solo su inclusión en una ley mejoraría el cumplimiento de las resoluciones. También aclaró que no supone exactamente aplicar multas a un organismo público o autoridad.
En ese sentido, el Comisionado de Transparencia consideró "prudente" la posición del Grupo Popular de esperar a que el legislador estatal avance en materia sancionadora, pero insistió en que la regulación autonómica también es una opción "legítima".
Además, precisó que desconocía que haya habido algún reproche u oposición constitucional a las normas de Navarra o la Comunidad Valenciana.
En cuanto a la situación de las entidades locales, Quintana abogó por ajustar en una futura reforma legislativa la información que deben prestar las entidades locales, ya que indicó no se puede aplicar una "regla general", como se hace ahora, debido a los diferentes medios con que cuentan los ayuntamientos grandes, los pequeños y las juntas vecinales.
Respecto a la demanda de personal, avanzó que ha pedido a las Cortes que los nuevos Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 contemplen la incorporación de dos personas para el Procurador del Común, aunque podrían hacer tareas relativas al Comisionado de Transparencia.
"La pelota está en su tejado", dijo a los procuradores, si bien recordó: "El trabajo se va incrementando y mantenemos el mismo personal".
Esperar a la normativa estatal
El popular José Luis Barrigón destacó el incremento de las reclamaciones y la colaboración de la Junta, así como los problemas de las entidades locales por la falta de medios.
"La transparencia es una carga técnica y económica muy difícil de asumir", dijo, pero destacó que la Junta ofrece formación a los empleados públicos y recordó la labor "fundamental" de las diputaciones provinciales.
Barrigón recordó que el Consejo Consultivo ya advirtió en un informe sobre un anteproyecto de ley de transparencia que una norma autonómica no podía establecer un régimen sancionador superior al previsto en la legislación estatal, por lo que abogó por esperar a que se contemplen en la nueva ley del Gobierno.
"La Junta cumple y mejora año a año", sentenció.
Por su parte, el portavoz de Vox, José Antonio Palomo, reconoció que existen algunas "carencias" en materia de transparencia, pero advirtió de las dificultades de los pequeños ayuntamientos para cumplir con sus obligaciones sobre la información pública.
Precisamente, vinculó los ámbitos de mejora con lo previsto en el acuerdo de gobierno de PP y Vox que recordó prevé impulsar una nueva ley, lo que señaló abre una "ocasión extraordinaria" para garantizar el cumplimiento de las resoluciones.
Impulsar las sanciones
El socialista Iñaki Gómez aseguró que es "innegable" que se publica más información, pero también señaló que esto "no es proporcional" a la transparencia, lo que a su juicio convierte en ocasiones a los ciudadanos en "investigadores".
Por ello, pidió avanzar en términos legislativos en cuestiones como las "sanciones coercitivas", pero también sobre la formación de los empleados públicos.
Además, Gómez tendió la mano del Grupo Socialista para afrontar la renovación de las instituciones públicas, algo que apuntó va más allá de los "nombres".
También se refirió a la necesidad de dotar a la institución de más medios al tener más carga de trabajo que hace una década y criticó a Somacyl, ya que apuntó "suspende" en materia de transparencia.
Finalmente, en nombre del Grupo Mixto, la procuradora de UPL Rosa María Quintanilla calificó de "impecable" la memoria y valoró la actividad del Comisionado al incrementarse de forma "exponencial" su actividad.
Por ello, arremetió contra la actuación "indefendible" de la Junta, ya que consideró ha dejado "desamparados" a los pedáneos de la Región Leonesa, lo que les impide cumplir con la transparencia. Además, exigió dotar a la institución de herramientas sancionadoras.
