Dos bomberos forestales en un incendio forestal en la provincia de León, en septiembre de 2025 ICAL
Las empresas se niegan a enviar a 1.000 bomberos forestales a extinguir incendios en Castilla y León
Las compañías forestales deciden no participar en labores de extinción mientras no se resuelvan los problemas de “seguridad jurídica, laboral y operativa”. La Junta señala al Gobierno, pero pide colaboración.
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La campaña de incendios forestales en Castilla y León arranca marcada por un nuevo conflicto entre las empresas privadas del operativo y la Junta.
Las compañías forestales agrupadas en Asemfo han decidido por unanimidad no participar en labores de extinción mientras no se resuelvan los problemas de “seguridad jurídica, laboral y operativa” que, aseguran, hacen “inviable” continuar prestando el servicio en las actuales condiciones.
La decisión afecta potencialmente a unos 950 bomberos forestales y supone un nuevo choque entre las empresas concesionarias y la Administración autonómica en plena transición hacia un modelo de operativo público impulsado por la Junta.
La Asociación Nacional de Empresas Forestales sostiene que la situación es “límite e insostenible” después de más de un año reclamando, sin éxito, medidas que permitan adaptar el servicio a las nuevas exigencias legales en materia de prevención y salud laboral.
En un comunicado, Asemfo denuncia que las empresas están atrapadas entre dos exigencias incompatibles.
Por un lado, la Junta exige una actuación inmediata y flexible propia de una emergencia; por otro, la Inspección de Trabajo sanciona precisamente esas condiciones de trabajo al entender que la extinción de incendios no puede quedar fuera de la normativa laboral ordinaria.
“Las empresas se ven atrapadas entre dos criterios incompatibles que hacen inviable prestar el servicio con garantías legales”, señala la patronal.
Además denuncia una “inseguridad jurídica absoluta” derivada de sanciones relacionadas con jornadas laborales, tiempos de descanso o exposición a riesgos inherentes a la extinción de incendios.
La organización recuerda además que lleva reclamando desde marzo del pasado año “el cumplimiento de las condiciones mínimas necesarias para operar con seguridad” y acusa a la Junta de responder con “silencio e inacción”, en una actitud que considera “irresponsable y negligente”.
El conflicto se ha intensificado tras la entrada en vigor del Real Decreto 612/2024, una normativa estatal que endurece las condiciones de seguridad y salud laboral en los trabajos de extinción de incendios forestales.
Según Asemfo, las exigencias derivadas de esta regulación incrementan notablemente los costes y complican la operativa diaria de las empresas.
En la carta remitida al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, las empresas también denuncian incumplimientos relacionados con el Real Decreto 665/1997 sobre protección frente a agentes cancerígenos y advierten de que la situación “pone en riesgo directo la seguridad de los trabajadores y la eficacia del operativo”.
Asemfo critica igualmente el proceso de sustitución progresiva de empresas privadas por la empresa pública Tragsa dentro del nuevo modelo impulsado por la Junta.
La patronal considera que este cambio supone un “desmantelamiento” de la participación privada y advierte de posibles perjuicios laborales.
La Junta pide “cumplir los contratos”
Frente a esta posición, la Junta de Castilla y León rebajó el tono del conflicto y aseguró que el operativo antiincendios seguirá funcionando con normalidad mientras los contratos continúen vigentes.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, insistió en que los contratos actuales “son de obligado cumplimiento para todas las partes” y mostró su confianza en que las empresas mantengan el servicio.
“Estas empresas prestan este servicio, es su obligación y el contrato está en vigor”, afirmó Fernández Carriedo, quien recordó que la Junta mantiene su hoja de ruta para transformar progresivamente el operativo en un sistema completamente público conforme vayan venciendo las concesiones actuales.
“El compromiso del presidente Mañueco es que en tres años el operativo será completamente público”, explicó el portavoz, aunque subrayó que esa transición debe desligarse del conflicto actual con las empresas privadas.
Fernández Carriedo atribuyó el origen principal del problema al nuevo Real Decreto 612/2024 aprobado por el Gobierno central y reconoció que la normativa introduce “nuevos requisitos, nuevos costes y nuevas dificultades de gestión” para las empresas forestales.
“No es la Junta de Castilla y León la que ha puesto en marcha esta normativa”, recalcó, antes de asegurar que el Ejecutivo autonómico trabajará para facilitar su aplicación.
“Nuestra idea es colaborar con ellos, ayudarles en algunos costes y buscar fórmulas para que puedan cumplir el Real Decreto en las mejores condiciones posibles”, señaló.
El portavoz reconoció además que las empresas no han encontrado una respuesta satisfactoria por parte del Ministerio de Trabajo y defendió que la Junta actuará desde una posición de apoyo y colaboración.
“Nosotros estamos por ayudarles ante una situación nueva que se les ha planteado”, sostuvo.
La Junta también dejó claro que no contempla, por ahora, abrir expedientes sancionadores contra las empresas.
“Lo que nos planteamos es buscar una solución, ayudarles y colaborar para que el servicio se pueda prestar en las mejores condiciones posibles”, insistió Fernández Carriedo.
