El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. ICAL
La Junta carga contra el Gobierno por la imputación de Zapatero: “Las instituciones sufren una degradación”
Carriedo critica los pactos de Illa y ERC: “El Gobierno tiene dinero para sus socios separatistas, no para Castilla y León”
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El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha expresado este jueves la “preocupación” del Ejecutivo autonómico por la “degradación de las instituciones en España”.
Lo ha hecho al ser preguntado por la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Carriedo ha evitado profundizar en el fondo judicial del asunto y sostiene que corresponde a los grupos parlamentarios realizar una valoración política más detallada, aunque insistió en la necesidad de “dejar trabajar a los jueces” y preservar la separación institucional.
Durante su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz autonómico ha defendido que una administración pública debe actuar “con prudencia” ante procedimientos judiciales abiertos, si bien admitió la inquietud de la Junta por la situación política nacional.
“Nos preocupa la degradación que sufren las instituciones en España por culpa del Gobierno”, afirmó, antes de añadir que “hay un solo responsable, que es el Gobierno de España, aunque los ciudadanos miran a todas las administraciones”.
En este contexto, Carriedo reivindicó el papel de las comunidades autónomas ante lo que calificó como un Ejecutivo central que “no ejerce sus funciones”, asegurando que la obligación de la Junta es “seguir ofreciendo servicios a los ciudadanos”.
El portavoz subrayó además el impacto económico que, según denunció, sufre Castilla y León por la falta de recursos estatales. “Cada mes que pasa el Gobierno deja de aportar 161 millones de euros y, pese a esas dificultades, seguimos garantizando los servicios sociales”, señaló.
El dirigente autonómico defendió que la Junta mantiene el foco en la gestión diaria y en la atención a los problemas de los ciudadanos.
“Las comunidades autónomas estamos centradas en atender los problemas reales de las personas, y eso se refleja en el Consejo de Gobierno de hoy. No vamos a caer en la tentación de desviarnos de esa prioridad”, indicó.
Acuerdo en Cataluña
Preguntado también por el acuerdo alcanzado en Cataluña entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el Partido Socialista Obrero Español y Esquerra Republicana de Catalunya para sacar adelante los presupuestos catalanes, Carriedo diferenció entre un pacto político ordinario y el uso de recursos públicos para garantizar apoyos parlamentarios.
“Nada hay que decir sobre que dos partidos lleguen a un acuerdo”, manifestó el portavoz, aunque advirtió de que “el problema surge cuando el elemento determinante es una inversión que pertenece a toda España y, por tanto, a todos los españoles”.
En este sentido, acusó al Gobierno central de favorecer a sus socios independentistas en detrimento de otros territorios.
Carriedo aseguró que Castilla y León está viendo cómo “se retrasan inversiones” y cómo algunos compromisos estatales “se paralizan o se reducen”.
Como ejemplo, mencionó la disminución de frecuencias ferroviarias y la pérdida de determinadas paradas de Alta Velocidad, cuestiones que, según dijo, generan entre los ciudadanos una percepción de “desigualdad territorial”.
“El Gobierno sí tiene fondos para sus socios separatistas, pero no para inversiones en la Comunidad”, afirmó.
El portavoz insistió en que la Junta defiende “la igualdad de trato en todo el territorio nacional” y recordó que “16 de las 17 comunidades autónomas” han expresado, a su juicio, una posición crítica ante acuerdos que consideran desequilibrados.
Finalmente, Carriedo sostuvo que el Ejecutivo central debe “darse cuenta de que gobierna para todos los españoles y no solo para sus socios separatistas”, reiterando que el rechazo de la Junta no se dirige al pacto político en sí, sino a que, según argumentó, se financie con recursos “de todos los españoles” para “hacer pagos políticos”.
