Ya ha entrado en vigor: penas más duras por hurtos en el campo superiores a los 400€ y sanciones para los reincidentes

Asaja Castilla y León ha valorado la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2026, que introduce un endurecimiento de las penas por hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas y busca frenar la reincidencia delictiva en el medio rural.

La norma, vigente desde el pasado viernes, modifica tanto el Código Penal como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incorporando cambios que afectan directamente a la realidad del campo en Castilla y León, una de las regiones más castigadas por la delincuencia reiterada en explotaciones agrarias.

Uno de los principales avances es la reforma del artículo 235.1.4º del Código Penal. Hasta ahora, para que un hurto en el ámbito agrario fuese considerado agravado era necesario demostrar la “gravedad del perjuicio”, un criterio subjetivo que dificultaba las condenas.

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Con la nueva legislación, cualquier robo que supere los 400 euros será automáticamente considerado delito agravado, con penas que pueden alcanzar los tres años de prisión, sin necesidad de acreditar daños adicionales.

Desde Asaja subrayan que esta modificación responde a una reivindicación histórica del sector.

“Los robos de productos agrícolas, maquinaria, herramientas, combustible o sistemas de riego, aunque de bajo valor de reventa, suponen un alto coste de reposición y afectan directamente al funcionamiento de las explotaciones”, explican.

La reforma también introduce cambios relevantes en el artículo 234.2 del Código Penal en relación con los hurtos de menor cuantía.

Hasta ahora, los delitos inferiores a 400 euros se castigaban únicamente con multa, incluso en casos de reincidencia.

A partir de ahora, si el autor acumula al menos tres condenas por delitos de la misma naturaleza —incluyendo delitos leves— podrá enfrentarse a penas de prisión de entre seis meses y dos años.

Reincidencia

Además, los antecedentes por delitos leves pasarán a computar a efectos de reincidencia.

Esta medida responde a otra de las demandas del sector agrario, que venía denunciando la actuación de bandas organizadas y delincuentes habituales en el medio rural, conscientes hasta ahora de la escasa respuesta penal.

Asaja considera que el endurecimiento contra la reincidencia, junto con un mayor control sobre los canales de reventa de material robado, “será clave para proteger el patrimonio de agricultores y ganaderos”.

En materia de narcotráfico, la ley incorpora también un nuevo apartado en el artículo 255 del Código Penal que penaliza el fraude eléctrico destinado a abastecer plantaciones de drogas, con penas de seis a dieciocho meses de prisión.

Según el sindicato, esta medida contribuirá a preservar la integridad del suelo rural frente a actividades ilegales que afectan a explotaciones legítimas.

Otro de los aspectos destacados es la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permitirá a los ayuntamientos ejercer la acción penal en casos de hurto.

Esta novedad cobra especial relevancia en una comunidad con más de 2.200 municipios, donde las entidades locales son las primeras en sufrir las consecuencias de la delincuencia.

Pese a los avances, ASAJA advierte de que la eficacia de la ley dependerá de su “aplicación real”.

La organización insiste en la necesidad de reforzar los medios judiciales, mejorar la coordinación entre la Guardia Civil y los juzgados, y aumentar la presencia policial en el ámbito rural.

Asimismo, alerta de que las estadísticas oficiales no reflejan la magnitud del problema, debido al elevado número de hurtos que no se denuncian.

Por ello, hace un llamamiento a agricultores y ganaderos para que comuniquen todos los delitos, como paso imprescindible para mejorar la protección del campo y visibilizar la situación del medio rural.