Los tasadores de hipotecas de Castilla y León van a la huelga y anuncian consecuencias: "Cobramos menos del SMI"

La tasación hipotecaria es una figura clave del sistema financiero y del mercado inmobiliario. Sin una valoración independiente, no hay hipotecas seguras ni decisiones de compra. Se necesita. Lejos de ser un mero trámite administrativo, la tasación certifica el valor real de un inmueble y verifica aspectos jurídicos, urbanísticos y constructivos que protegen tanto a los compradores como a las entidades financieras.

Sin embargo, este pilar esencial del sistema atraviesa una situación crítica que ha llevado a los profesionales del sector a dar un paso sin precedentes.

La Asociación Española de Tasadores Hipotecarios (AETH) ha decidido en asamblea iniciar un paro sectorial a partir de esta semana y con una duración máxima de un mes, como medida de presión ante la precariedad laboral que denuncian y la falta de respuesta de las sociedades de tasación y sus patronales (AEV y ATASA) a la firma de un Acuerdo Marco sectorial, una reivindicación que el colectivo lleva planteando desde hace años.

Desde la asociación advierten de que la degradación de las condiciones de trabajo no solo afecta a los profesionales, sino que pone en riesgo la calidad de las tasaciones y, con ello, la fiabilidad del mercado inmobiliario. “Sin tasaciones independientes y de calidad no hay hipotecas seguras”, recuerdan.

En Castilla y León, la situación no es diferente. Así lo explica Francisco Riaza, presidente de Tasadores Hipotecarios en la comunidad, quien describe un escenario de deterioro prolongado.

“Llevamos prácticamente quince años en los que las tarifas siguen bajando sin límite, mientras que el trabajo exigido por la regulación y por las entidades financieras se ha multiplicado”, afirma a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León.

El resultado es una paradoja difícil de asumir en una profesión altamente cualificada. “Hay compañeros que, si hacen cuentas reales, están por debajo del salario mínimo, y hablamos de técnicos medios y superiores con 10, 15 o 20 años de experiencia”, subraya Riaza.

Esta situación es, según explica, la que ha llevado al colectivo a adoptar una medida tan contundente como el paro.

Un acuerdo marco

La principal reivindicación del sector es la firma de un Acuerdo Marco que regule la relación entre los tasadores, en su mayoría autónomos, y las sociedades de tasación. “Es el equivalente al convenio colectivo en cualquier sector laboral”, explica el presidente regional.

“En el caso de los autónomos no existe un convenio colectivo, y el único instrumento posible para regular salarios, condiciones y garantías profesionales es un acuerdo marco, que es lo que estamos pidiendo”, señala.

Según Riaza, este acuerdo permitiría fijar tarifas ajustadas a los costes reales del trabajo, así como garantizar la independencia profesional del tasador.

Más allá de lo económico, los tasadores alertan de las consecuencias que las actuales condiciones tienen sobre la calidad del servicio. “Se están imponiendo plazos irreales, de 48 horas, cuando los informes requieren comprobaciones muy prolijas y altamente reguladas”, denuncia Riaza.

“Si no hay tiempo suficiente, la calidad del informe se resiente y eso pone en riesgo la seguridad del sistema”.

Una tasación hipotecaria no solo determina un valor económico. Incluye verificaciones jurídicas, para confirmar que lo que se compra coincide con lo que figura en el registro, urbanísticas (clave para detectar ilegalidades o irregularidades) y constructivas.

“Es una auténtica auditoría del inmueble”, resume el presidente de los tasadores en Castilla y León.

El colectivo también denuncia que, pese a lo que pueda parecer, no existe un mercado libre en la fijación de precios.

La intermediación de las entidades financieras en el encargo de tasaciones ha provocado, según explican, una presión constante a la baja en las tarifas desde la crisis de 2008. “No solo no han subido con el IPC, es que han bajado de forma nominal”, lamenta Riaza.

En una comunidad como Castilla y León, con un territorio muy extenso y una población dispersa, la situación se agrava aún más. “Los desplazamientos suponen mucho tiempo que no se remunera. A veces se paga el combustible, pero no el tiempo de trabajo”, explica.

Consecuencias para los ciudadanos

El paro sectorial puede tener efectos directos sobre los ciudadanos. “Sin tasación no hay hipoteca”, recuerda Riaza. Las operaciones de compraventa podrían retrasarse, especialmente en los casos en los que aún no se haya realizado la valoración del inmueble.

Por ello, recomienda que la tasación se realice antes incluso de firmar contratos de arras, ya que “no solo informa del valor, sino de muchos aspectos jurídicos y técnicos que es fundamental conocer antes de comprar”.

Desde AETH insisten en que el paro no busca la confrontación, sino abrir una vía de diálogo real. “No queremos enfrentarnos a las sociedades de tasación, queremos cooperación, pero esa cooperación se nos está negando desde hace más de dos años”, afirma Riaza.

El colectivo hace un llamamiento a todos los agentes implicados —sociedades de tasación, entidades financieras y administraciones públicas— para alcanzar una solución estable y duradera que dignifique la profesión y garantice la calidad de un servicio esencial para el conjunto de la economía.

“Lo que está en juego no es solo nuestro trabajo”, concluye el presidente de los tasadores en Castilla y León, “sino la seguridad del sistema hipotecario y la confianza de los ciudadanos”.