El TSJ condena a la Junta por el cese de un jefe de servicio ordenado por Dueñas (Vox) con argumentos "falsos" y "absurdos"

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) ha puesto punto final al proceso judicial iniciado tras la destitución de Diego Álvarez Ruiz, funcionario del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, como Jefe del Servicio de Ordenación de Explotaciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

El proceso se inició tras la orden dictada por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, de Vox, que disponía su cese en enero de 2024, según publicó el Bocyl.

Hay que recordar que en esa fecha, el Gobierno autonómico estaba formado por PP y Vox, y en este caso, la consejería pertenecía a la formación de Abascal. Meses después llegaría la ruptura del pacto y su salida del Ejecutivo.

Dueñas cesa al jefe de servicio de Ordenación de Explotaciones por "falta de idoneidad y pérdida de confianza"

Ahora, el alto Tribunal ha dictado una sentencia que desestima el recurso de apelación presentado por la Junta de Castilla y León y confirma íntegramente el fallo anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Valladolid.

Esta sentencia se remonta al pasado 4 de noviembre de 2024, donde EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León informó en exclusiva de que ya se había catalogado el cese como de "contrario a derecho y nulo" y ordenado la "reposición al actor en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía".

Ahora, la resolución del TSJ impone a la Junta, además, las costas procesales del recurso de apelación, fijando un máximo de 1.000 euros en aplicación del principio de moderación.

El argumento principal de la Junta para justificar el cese de Álvarez Ruiz, que ocupaba el puesto por libre designación desde 2016, fue la "pérdida de confianza" y la "falta de idoneidad" sobrevenida.

Sin embargo, el TSJ ratifica la conclusión del juez de primera instancia: "las afirmaciones/acusaciones contenidas en el Informe analizado carecen de fundamento y no acreditan la falta de idoneidad del recurrente para ocupar el puesto".

En sus fundamentos de derecho, el Tribunal Superior de Justicia subraya que el cese debe basarse en hechos ciertos, concluyendo que la prueba aportada por el funcionario cesado fue "suficiente, sino también exhaustiva para desvirtuar la veracidad de los motivos aducidos por la Administración demandada para justificar su cese".

"Arbitrariedad y evidente mala fe"

Para Diego Álvarez Ruiz, la sentencia firme "pone de manifiesto la arbitrariedad y la evidente mala fe de los promotores de mi cese", ya que corrobora la falsedad de los informes utilizados como justificación.

Álvarez Ruiz también manifiesta a este medio su sorpresa ante el hecho de que una nueva sentencia confirme la falta de veracidad de los argumentos de destitución y que, a pesar de ello, "no se depure ninguna responsabilidad por este hecho".

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“Resulta sorprendente que una nueva sentencia confirme la falsedad de los argumentos utilizados por un funcionario público y que no se depure ninguna responsabilidad por este hecho”, critica.

La Junta de Castilla y León tiene ahora la opción de interponer recurso de casación contra la resolución.