Una doctora ¡ realiza una ecografía en la consulta de Alta Resolución el Centro de Especialidades de Los Santos-Pilarica ICAL
Castilla y León permitirá a los médicos elegir en qué casos de aborto no quieren participar
El nuevo decreto sobre objeción de conciencia respetará la decisión personal de cada profesional según los distintos supuestos de la ley.
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Castilla y León se prepara para regular por decreto el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios frente a la interrupción voluntaria del embarazo.
La novedad: podrán declarar su objeción total o limitarla únicamente a algunos supuestos, como los abortos a petición de la mujer dentro de las primeras 14 semanas o por anomalías graves del feto.
Es decir, un médico podrá negarse a intervenir solo en los casos que choquen directamente con sus convicciones personales, sin necesidad de rechazar todos los supuestos recogidos por ley.
La Junta busca así ordenar la prestación del aborto en la Comunidad sin dejar de lado el derecho a la objeción individual.
Lo hará a través de un registro autonómico, que será electrónico, confidencial y gestionado por la Dirección General de Salud Pública. Solo figurará en él el personal que participe directamente en las intervenciones: ginecólogos, anestesistas, médicos de familia, matronas y personal de enfermería.
La medida no es aislada
Castilla y León sigue el camino iniciado por otras regiones como Murcia, Cantabria o Cataluña, que ya han creado sus propios registros tras la reforma de la ley estatal de salud sexual y reproductiva aprobada en 2023.
Según recoge el borrador del decreto, el registro servirá para organizar los recursos humanos sin comprometer ni la atención a las mujeres ni el derecho individual de los sanitarios. Y deja claro que la inscripción será voluntaria, revocable y sin repercusiones laborales.
Cada profesional podrá especificar el alcance de su objeción en un formulario que estará disponible en la sede electrónica de la Junta.
Quien lo desee, podrá objetar solo en determinados supuestos: desde el aborto voluntario en las primeras semanas, hasta aquellos motivados por malformaciones fetales graves o riesgo para la salud de la madre. En cambio, quienes se opongan por completo podrán declararlo así, sin matices.
El registro no será público y no se cruzará con otras comunidades. Solo podrán acceder a él los responsables de personal de los centros autorizados para practicar abortos, tanto públicos como privados.
El objetivo es evitar que los sanitarios que no objetan terminen sobrecargados o señalados, y que los objetores sufran presiones o estigmatización.
Aumentan las interrupciones voluntarias en la región
Castilla y León registró el año pasado 3.096 abortos, según datos del Ministerio de Sanidad.
La mayoría se realizaron a petición de la mujer dentro del plazo legal y en centros extrahospitalarios privados. Las mujeres de entre 20 y 29 años concentraron casi la mitad de los casos, mientras que más de 300 fueron menores de edad.
El perfil de quienes abortaron es mayoritariamente el de una mujer joven, con estudios de Bachillerato o Formación Profesional y que trabaja por cuenta ajena. Más de 1.400 no usaban ningún método anticonceptivo y 484 sí empleaban métodos hormonales.
La tasa en la Comunidad se situó en 8,66 interrupciones por cada 1.000 mujeres en edad fértil, por debajo de la media nacional, pero con una tendencia al alza en los últimos años.
El decreto aún está en fase de tramitación.
