El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Ical
CyL rechaza más competencias en inmigración y critica la equiparación de extranjeros con no nacidos en Cataluña
Carriedo asegura que son tareas "del Estado y nuestro Estado es España" mientras resalta que los residentes de la Comunidad en Cataluña "no son los causantes de sus problemas con los servicios públicos".
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Castilla y León descarta que todas las competencias en inmigración sean cedidas a la Comunidad como se prevé suceda con Cataluña, tras el acuerdo entre PSOE y Junts. "Son del Estado y nuestro Estado es España", ha defendido el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.
El también consejero de Economía y Hacienda ha censurado además que el texto registrado por el PSOE y Junts para la propuesta de Ley Orgánica para la delegación de la política migratoria equipare a los no nacidos en Cataluña con los extranjeros.
"En nuestros días, el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% ha nacido fuera de Catalunya. Estos datos expresan la trascendencia del fenómeno migratorio", dice el texto.
Unas palabras que no han sentado bien en Castilla y León y a las que ha hecho referencia Carriedo, quien ha lamentado que a los casi 105.000 residentes en Cataluña que han nacido en nuestra Comunidad se les ponga como "los causantes de los problemas que tienen en los servicios públicos".
El portavoz ha defendido el papel de la Junta en la defensa de sus competencias propias en esta materia y ha destacado la "voluntad" que las que son propias del Estado "se sigan ejerciendo por parte del ámbito nacional que es a quien corresponden".
En este sentido, ha afirmado que Castilla y León no es una "comunidad autónoma de confrontación con España", ya que "somos España" y por eso ha reivindicado el derecho autonómico desde ese punto de vista de la "garantía de los servicios públicos que damos".
El representante de la Junta ha aseverado que se está "favoreciendo a aquellos que tienen más deuda y más impuestos", mientras "no se está valorando la eficiencia en los servicios públicos", para posteriormente presumir de los datos que avalan a Castilla y León como líder en varios ámbitos de servicios sociales como en atención a la dependencia o la educación.
"No nos parece adecuado que en una Ley Orgánica aprobada en las Cortes generales se establezca esa referencia expresa a las personas que no han nacido en Cataluña como los causantes de los problemas que tienen en los servicios públicos", ha insistido.
En esta línea, Carriedo ha zanjado que Castilla y León tiene los "mejores" servicios públicos del país y ha añadido que los partidos separatistas catalanes "no pueden echar la culpa a los ciudadanos españoles que no han nacido en Cataluña".
Orden de la Junta
Respecto a otras cuestiones, el portavoz también se ha pronunciado sobre el informe que está elaborando la Abogacía del Estado en cuanto a la norma de la Junta que establece un número máximo de 120 migrantes por centro en Castilla y León, lo que va contra las previsiones del Gobierno de España en la instalación de algunos de ellos en la Comunidad, con aforos de hasta 400.
El portavoz ha defendido que la Junta lo que hace es ejercer sus competencias asumidas en el ámbito de los servicios sociales, con el establecimiento de las condiciones para la apertura de centros, "regulados para la seguridad de las personas más vulnerables, con discapacidad, mayores y migrantes".
"Establecen las condiciones para garantizar la dignidad de los servicios que se dan", ha sentenciado en este sentido.
Retraso a las sanciones de Bruselas
Por otro lado, Carriedo también ha querido valorar "muy positivamente" que Bruselas haya acordado retrasar las sanciones al sector del automóvil por no reducir emisiones al ampliar la aplicación de la normativa CAFE. "Es la mejor noticia para nuestro sector productivo", ha recalcado.
En este sentido, el portavoz cree que Bruselas asume así los argumentos de Castilla y León en favor de la descarbonización pero "al ritmo de una transición justa" que evite impactos negativos a nivel económico y "dramáticos".
Y es que el portavoz ha incidido en que "los fabricantes estaban abocados a estas sanciones", ya que el mercado "no estaba asumiendo" que el 20% de las ventas de cada fabricante fueran vehículos eléctricos.
En cualquier caso, ha hecho hincapié en que hay que conocer "algunos aspectos con más precisión".
