
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en una imagen de archivo
La Junta exige al Gobierno que modifique el Plan Estratégico de la PAC para reforzar al agricultor profesional
El Ejecutivo autonómico también ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una "simplificación" de la gestión de los ecorregímenes.
Más información: Mañueco pedirá a Sánchez una PAC "adaptada" a Castilla y León y una mayor gestión del agua
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La Junta de Castilla y León ha pedido esta semana al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la modificación del Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria (PEPAC) 2023-2027 con el objetivo de reforzar la figura del agricultor profesional y de simplificar la gestión de los ecorregímenes.
Concretamente, el director general de Política Agraria Comunitaria, Ángel Gómez, ha trasladado la necesidad de "hacer más ágiles los trámites relativos al cumplimiento de las condiciones de los ecorregímenes en el conjunto de la explotación" ya que, en todo caso, "se trata de una unidad productiva".
Del mismo modo, en el transcurso del encuentro, Gómez ha puesto sobre la mesa otras propuestas que, en el marco de las intervenciones del primer pilar PEPAC, completarían los cambios que ha introducido la Comisión Europea en el año 2024.
Entre ellas, se encontraría la revisión de algunas ayudas, que, a juicio del Gobierno autonómico, "perjudican, en especial, el modelo de agricultura de la Comunidad, o la mejora de la seguridad jurídica de los agricultores y ganaderos".
La reunión ha servido, además, para analizar y explicar las consecuencias de estas medidas en la simplificación de la PAC y la forma en que afectan a la gestión de las explotaciones de los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se mantiene que las medidas de protección del medio ambiente "han de tener un equilibrio con los criterios agronómicos, evitando la restricción del potencial productivo de las explotaciones de la Comunidad".
La Junta ha señalado que todas estas cuestiones, junto con aquellas otras que se refieren a las intervenciones de desarrollo rural, "deben formar parte de un documento que el propio Ministerio de Agricultura tiene la obligación de trasladar a la Comisión Europea para su posible aprobación".