La Fundación Franz Weber vuelve a la carga contra la Junta de Castilla y León. En esta ocasión eleva el listón y ha sugerido que el Gobierno central se haga cargo, de manera temporal, de las competencias en materia de protección de la infancia y la adolescencia en Castilla y León al detectar un continuado apoyo a actividades violentas que implican a estos grupos poblacionales. Es decir, que se aplique el famoso artículo 155 de la Constitución para quitar de manera forzosa competencias a una comunidad.

En su opinión, “solo para 2024 la comunidad autónoma dedicará miles de euros a fomentar la participación de niñas, niños y adolescentes en escuelas taurinas, a las que solo asiste un número muy reducido de personas, mientras que impulsa subvenciones directas a municipios para organizar eventos de este tipo”.

Estos subsidios acaban financiando "clases prácticas" o "becerradas", donde menores pueden ejecutar de manera directa maltrato sobre bóvidos de corta edad, ante la mirada de sus iguales y familiares, que refuerzan estas conductas con comentarios positivos.

“La elaboración de un reglamento taurino también es motivo de disputa: el ejecutivo castellano y leonés ignora las advertencias realizadas por FFW en relación a la participación directa e indirectas de menores, habiendo alegado que debería ser prohibida en cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño.

Incluso también tiene palabras para el consejero de Cultura, Gonzalo Santoja, recordando que calificó de "broma" las alegaciones realizadas a este proyecto legal, ignorando la Ley de Infancia de Castilla y León.

En 2018 y en 2023 este panel de Naciones Unidas encargado de velar por el cumplimiento de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, pidió primero a España y luego de forma general a todos los países firmantes "alejar a las personas menores de edad de la violencia, incluida la ejercida sobre animales".

“De este modo Castilla y León no solo vulnera estas objeciones internacionales de forma pasiva, también promociona su incumplimiento a través de ayudas públicas y declaraciones de altos cargos”, afirman.

Los naturalistas consideran que el Gobierno de España podría poner en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución para retirar, al menos temporalmente, la capacidad de Castilla y León en políticas de protección de la infancia y la adolescencia, toda vez que su promoción de la tauromaquia busca precisamente introducir a menores en actividades de violencia explícita real.