El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España por el incumplimiento de la normativa de protección de las aguas contra la contaminación por nitratos desde fuentes agrarias en ocho comunidades autónomas, entre las que se encuentra Castilla y León. "La mala calidad de las aguas por el exceso de abonado de las tierras afecta al menos a la séptima parte del territorio regional", han denunciado desde Ecologistas en Acción.

En la sentencia, fechada en este 14 de marzo, el tribunal de la UE declara que la Junta no ha establecido "todas las medidas obligatorias necesarias en su programa de actuación en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrícola y ganadero designadas" en la Comunidad, además de tampoco adoptar medidas adicionales o acciones reforzadas "necesarias en relación con la contaminación de las aguas por nitratos".

Así, el escrito considera que el Gobierno de España y el Ejecutivo autonómico no han aportado documentos ni estudios científicos que avalen las condiciones de aplicación de fertilizantes en terrenos escarpados e inclinados empleados actualmente sean "suficientes para reducir la contaminación de las aguas" por los nitratos.

De igual manera, los magistrados creen "insuficiente" el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que determinan las condiciones ambientales de carácter mínimo para actividades o instalaciones ganaderas de la Comunidad y entiende que el programa de actuación en las zonas vulnerables a esta contaminación aprobado por el Ejecutivo autonómico ha "llegado muy tarde".

Según Ecologistas en Acción, este programa está mostrando lo "inoperante" para reducir la elevada contaminación por nitratos en gran parte de las masas de agua subterránea del centro de la región, al permitir dosis excesivas de abonos nitrogenados y estiércol en las zonas vulnerables declaradas por el propio gobierno autonómico, así como la nueva ubicación y ampliación de macrogranjas ganaderas en su interior, en especial porcinas.

Además, los ecologistas puntualizan que las últimas autorizaciones ambientales otorgadas por la Consejería de Medio Ambiente a estas grandes granjas industriales porcinas "ni siquiera están cumpliendo la prohibición de verter los purines en las tierras de su entorno", según marca el programa de actuación de las zonas vulnerables de 2022, lo que constituye una decisión "arbitraria e ilegal y una grave negligencia de las autoridades regionales".

Ecologistas en Acción ha denunciado que la Junta se ha "entregado completamente a los intereses de la ganadería industrial", en detrimento de "la salubridad del aire que respiramos y el agua que bebemos". "La sentencia del Tribunal Europeo de Justicia debe hacer reflexionar a Alfonso Fernández Mañueco y a Juan Carlos Suárez-Quiñones sobre la insoportable situación de las aguas subterráneas en la región y la necesidad de revertirla", han recalcado.

Ecologistas en Acción ha exigido al Gobierno regional que se incorpore así con "seriedad" al debate sobre las macrogranjas y el modelo alimentario que representan, frente a la tradicional ganadería extensiva y a la agricultura y ganadería ecológicas, adoptando medidas que protejan el medio ambiente, la salud de la ciudadanía y de los consumidores y los pequeños ganaderos de Castilla y León, sacrificados por la Junta en su apuesta por las macrogranjas industriales.