La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha anulado, por sentencia fechada a 29 de febrero de 2024, el acuerdo del 11 de marzo de 2022 de la Junta de Castilla y León por el que se aprobaba la adaptación del Plan Integral de Residuos de Castilla y León y también la Orden FYM/304/2022, de 2 de abril, en la que se hizo pública, como ha informado Ecologistas en Acción a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La agrupación asegura que dicha actualización revisó el modelo estratégico de gestión y también los programas de actuación del Plan Regional de Residuos vigente desde el año 2016, que fue aprobado por el Decreto de 11/2014, el 20 de marzo, cuya ejecución “está resultando un fracaso”, apuntan, tanto por “el aumento en la generación de residuos peligrosos y no peligrosos como por las bajas tasas de recuperación y reciclado en la región”, como reconoce la propia evaluación del PIRCyL contenida en la adaptación anulada, apuntan desde Ecologistas.

“La sentencia pone de manifiesto que la adaptación del Plan Integral de Residuos de Castilla y León, a diferencia del Plan original que revisa, ha obviado la obligada información pública, no ha sido informada por el Consejo Regional de Medio Ambiente, el Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo ni la Federación Regional de Municipios y Provincias y ha omitido la preceptiva evaluación ambiental de los planes y programas en materia de residuos”, explican.

La sentencia concluye de manera contundente, aseguran desde Ecologistas,  “que estamos en presencia de una revisión cuya tramitación exige que se respete el derecho constitucional a la participación recogido en los artículos 9.2 y 23.1 de la Constitución Española”, dada la amplitud y alcance de los cambios introducidos en el Plan Integral de Residuos, e impone las costas a la Junta de Castilla y León.

“Queda así acreditado que el Consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez-Quiñones y el conjunto del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León se han vuelto a saltar a las bravas la Constitución y las normas básicas para elaborar las disposiciones ambientales de la Comunidad, entre ellas en este caso las leyes estatales de residuos, de evaluación ambiental y de participación ambiental, así como la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León”, añaden.

Lo que en última instancia subyace a “esta forma arbitraria y autoritaria de ejercer el poder en la Comunidad” es “el despropósito desde hace décadas de la política regional de residuos, que ha pasado de las leyes inconstitucionales para imponer vertederos como los de Gomecello (Salamanca), Santovenia de Pisuerga (Valladolid) y Fresno de la Ribera (Zamora), a la apuesta por la incineración de los desechos en instalaciones industriales como las fábricas de cemento de La Robla (León), Toral de los Vados (León) y Venta de Baños (Palencia)”, añaden.

Ecologistas en Acción ha recordado al consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones y a la Junta de Castilla y León que “deben respetar los procedimientos legales y los procesos de participación pública, que tan a menudo dejan de lado en sus decisiones ambientales”. Por ello, la organización ambiental reclama una revisión en profundidad y participada del Plan Integral de Residuos de Castilla y León que permita cumplir los objetivos legales de reducción, reutilización y reciclado, y se adapte a la vigente Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Ecologistas en Acción considera que la única manera de alcanzar dichos objetivos en relación a los residuos domésticos es implantar ya la recogida separada de los restos de alimentos. Por otro lado, es necesario reducir de forma drástica los nefastos envases de usar y tirar, contra los intereses del lobby Ecoembes y su contenedor amarillo, que apenas contribuye al reciclado.