La subida de los coeficientes del alquiler social para jóvenes, entre el 25 y el 30%, y en el medio rural, entre el 37 y el 39%, de viviendas de protección pública en Castilla y León ha desatado la indignación entre los parlamentarios socialistas, que han tildado las nuevas cifras de la Junta de "cantidades insoportables, inasequibles e injustas". Por ello, exigen al Ejecutivo autonómico que "recapacite".

En una comparecencia ante los medios de comunicación, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, José Luis Vázquez, y la secretaria de Vivienda de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Ana Casado, han explicado que el pasado 26 de diciembre de 2023, con la "alevosía de la Navidad", se publicó una Orden del 15 de diciembre por la que se fijaba un incremento de los precios en el alquiler para estos dos colectivos en las viviendas de protección pública.

Vázquez ha hablado de "políticas inexistentes" por parte de la Junta de Castilla y León en materia de vivienda, que busca "perjudicar fundamentalmente a nuestros jóvenes y al medio rural de una forma especialmente sangrante". Así, ha recordado que ya en noviembre de 2022, desde el PSOE de Castilla y León, se denunció una nueva subida que esta vez ha sufrido una más.

Además, ha aprovechado para criticar otras medidas articuladas por el Ejecutivo autonómico que se aplican en función de "criterios ideológicos prefijados" como son las "pseudo oficinas antiokupas". "Una realidad extraordinariamente desoladora que no ha recogido ninguna queja", ha ironizado el portavoz socialista.

Unas oficinas que además "no han tenido ningún coste para las arcas públicas" porque "tenemos desmanteladas las oficinas de vivienda". "Y si no, que se lo pregunten a los 20.000 demandantes de las ayudas a la renovación de las placas energéticas o los 25.000 jóvenes que pidieron la ayuda al alquiler y tuvieron que esperar un año", ha denunciado. 

En su intervención, ha elevado el tono de su acusación, señalando que desde la Junta son "incapaces" de utilizar de forma eficiente los fondos, de los que "disimulan su procedencia", de una forma "desleal". "Ocho de cada 10 euros proceden del Gobierno de España a través de los fondos europeos y son incapaces de gestionarlos", ha recordado.

Para ejemplificar la subida del precio del alquiler en estas viviendas, Vázquez ha aseverado que una vivienda de 70 metros cuadrados en alquiler que hoy pagaba en torno a 4.000 euros, a partir de ahora los contratos nuevos que se realicen a partir de este pasado 26 de diciembre va a costar "158 euros más". 

Dicha orden afecta, según recalcan, a todas las viviendas de promoción pública y privada que estén vinculadas a algún tipo de calificación de la Junta de protección pública. Así, serán todos aquellos nuevos contratos que se suscriban a partir de este pasado 26 de diciembre.

Aún no tienen estimado el número de viviendas que se verán afectadas por la misma, pero sí saben que al menos serán las 2.500 viviendas colaborativas del programa TUYA de la Junta que han "prometido" construir.

La respuesta de la Junta

El consejero de Medio Ambiente,  Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha contestado al PSOE que se ha mostrado indignado por la subida del alquiler social en la Comunidad afirmando que “son precios insoportables, inasequibles e injustos”.

Juan Carlos Suárez Quiñones ha querido defender las políticas en materia de vivienda de la Junta citando las rebajas fiscales, las nuevas promociones para jóvenes en el medio rural y los avales de la Junta para estos y ha acusado “al Gobierno de Sánchez de estas subidas”.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha destacado, además, que los jóvenes de Castilla y León han constituido "250 hipotecas sobre viviendas con el aval de la Junta", y que "a lo largo de 2023 se han elaborado 1.254 certificados" en los que la Junta “le otorga al solicitante un documento de aval para que el banco le pueda dar hasta el 97,5 por ciento del préstamo”, una de las medidas que puso en marcha la Consejería en esta legislatura.

La Consejería liberó para este concepto más de 29 millones de euros repartidos entre 24.700 familias, en un plazo que se extendió en el tiempo para “reducir las cargas administrativas”, ya que ahora, en la convocatoria abierta hasta mediados de enero, los ciudadanos realizan la solicitud y presentan los justificantes de una sola vez.

Otra de las actuaciones que citó el consejero es la promoción de viviendas en municipios de menos de 10.000 habitantes con descuento para familias jóvenes, de un 20 por ciento del precio de adquisición. Desde el inicio de esta legislatura se han construido y entregado ya 48 viviendas a familias jóvenes con recursos limitados a unos precios que no podrían plantearse si tuvieran que acudir al mercado. En construcción ahora mismo hay otras 136 viviendas y con las que están en estudio sobrepasaremos las 500 viviendas construidas a final de legislatura.

“El incremento en el precio de la vivienda se debe a la política errática del Gobierno de Sánchez y a sus subidas”, ha añadido, asegurado que “no hay ninguna Comunidad que facilite a los jóvenes más ayudas que Castilla y León”, ha finalizado.