El 10 de marzo de 2022, cuando se rubricó el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en Castilla y León, el primero que integraba a la formación de Santiago Abascal en un Ejecutivo, dos medidas destacaron entre todas las demás: la promesa de una Ley contra la violencia intrafamiliar y de un Decreto de Concordia que sustituyese al de Memoria Histórica de 2018. Dos normas que, aunque fueron impulsadas por Vox, el PP acogió de buen grado y, en un inicio, se mostró dispuesto a sacarlas adelante sin mayor inconveniente.

Vox presentó ambas iniciativas como medidas estrella y como prioridades del nuevo Gobierno del que Juan García-Gallardo iba a ser vicepresidente, ya que abordaban dos de los caballos de batalla más importantes para el partido: su idea de que la violencia de género no existe y que hay que luchar por igual contra todas las violencias y su combate contra lo que denominan "reescritura de la historia" y por la "reconciliación" entre españoles. Un año y medio después, ambas iniciativas siguen congeladas y no se conoce avance alguno de cara a su aprobación desde que en julio de 2022, hace más de un año, se anunciase el inicio de su tramitación.

El optimismo del inicio de los trámites que resultó un espejismo

En el mes de julio de 2022, cuando PP y Vox llevaban tres meses escasos en el Gobierno, el Ejecutivo autonómico anunció con bombo y platillo el inicio de la tramitación de ambas normativas. Vox celebró con entusiasmo la noticia y el vicepresidente celebró que ambas formaciones estaban "de acuerdo" en su redacción y aseguraba que serían "buenos textos para la generalidad de los castellanos y leoneses". 

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, informaba de que la nueva normativa de Concordia podía tener forma de Ley o Decreto, según el contenido, y aseguraba que la utilidad de esa nueva medida era "unir a los españoles". Además, señalaba que se encontraba inspirada por la reivindicación de la "historia común" de los españoles y por la voluntad de "combatir" los intentos de usar la historia "para dividir a los españoles".

Carriedo detalló en ese momento los pasos a seguir tras el inicio de la tramitación de las nuevas leyes y destacó que lo primero sería definir el contenido de las nuevas normas para, a continuación, ponerlas a disposición en la página web de la Junta para que se pudiesen formular alegaciones e "ir viendo la opinión del resto de consejerías" para lograr "el máximo nivel de consenso". El plazo para presentar alegaciones finalizó el 31 de agosto de 2022, hace más de un año, y sigue sin saberse nada de ninguna de las dos normas.

Los presupuestos incluyen la lucha contra la violencia intrafamiliar

En la negociación de los presupuestos para el año 2023, a pesar de que las dos leyes seguían sin llegar, Vox logró imponerse y conseguir una importante partida contra la violencia intrafamiliar en las cuentas públicas, que se presentaron el 5 de noviembre de 2022. Antes de que la formación de Gallardo entrase en el Gobierno, el Ejecutivo de PP y Ciudadanos (2019-2021) había fuesto el foco únicamente en la lucha contra la violencia de género, un concepto que Vox niega –ya que afirma que la violencia no tiene género– y apuesta por combatir por igual todas las violencias.

El partido logró que se incluyera una partida de 500.000 euros en los presupuestos autonómicos dirigida a luchar de forma específica contra la violencia en el ámbito de la familia, independientemente del sexo de las personas implicadas, y el vicepresidente de la Junta sacó pecho de que Castilla y León se colocaba en ese momento "a la cabeza" en la lucha contra la violencia intrafamiliar.

Una partida de la que llegó a presumir el vicepresidente de Acción Política de la formación a nivel nacional, Jorge Buxadé, que señalaba que el objetivo de esta partida contra la violencia intrafamiliar era el de "eliminar el adoctrinamiento" y "acabar con el concepto de violencia de género". Unas palabras que levantaron una gran polvareda y que condujeron a reacciones contundentes de la oposición en las Cortes. Con todo, la prometida Ley contra la violencia intrafamiliar seguía estancada, al igual que el Decreto de Concordia, y seguiría sin llegar los meses siguientes.

Vox achaca a Génova la demora en la aprobación de las normas

Vox comenzó a mostrar su impaciencia por los escasos avances en la aprobación de sus dos medidas estrella y el pasado mes de junio dejó entrever su preocupación en una comparecencia en las Cortes. El portavoz de la formación en la Cámara, Carlos Menéndez, achacó el retraso en la aprobación de las normas a que "los tiempos se manejan desde Génova", acusando al PP nacional de entrometerse en la labor del Ejecutivo autonómico.

Con todo, aseguraba que había "tiempo suficiente para que al final estas leyes" saliesen "a la luz". "Nuestra pérdida de confianza no se ve mermada, pero la percepción que hay es que hay diferentes PP, el PPCyL es diferente al de otras comunidades", zanjaba, diferenciando entre la supuesta buena voluntad de los populares de Castilla y León a la hora de sacar adelante estas medidas y de los palos en las ruedas puestos, supuestamente, por la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo.

La Junta se justifica en las alegaciones con el plazo finalizado

Hace menos de dos semanas, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, después de un Consejo de Gobierno, defendía que seguían en su curso las alegaciones en información pública para la recepción de sugerencias para ambas normas, aunque el plazo para recibirlas terminó oficialmente el 31 de agosto de 2022 a las 14:00 de la tarde, hace más de un año. Un dato que desconocía el portavoz a la pregunta de una periodista.

Carriedo insistía en que prefiere "hacer dos buenas leyes" desde "el diálogo" y "con el conjunto de la sociedad" que llevarlas a cabo con prisas, pero siguen sin conocerse avances para ninguna de ellas. "Queremos que sean dos buenas leyes, que tengan en cuenta a todas las personas y colectivos, más que sean rápidas", insistía.

La consejera de Familia, Isabel Blanco, en lo referente a la Ley contra la violencia intrafamiliar, aseguraba que se abrió el plazo para informar a la sociedad de que se iniciaba la tramitación de la ley "para plantear enfoques sobre hacia dónde se quiere ir" con la norma y que "posteriormente hay que elaborar un texto". "Estamos en un proceso de elaboración de ese primer borrador, teniendo en cuenta las aportaciones y las diferentes reuniones", señalaba.

Además, el pasado viernes se pronunciaba el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y aseguraba que la normativa de Concordia está "cocinándose a fuego lento". "Está en el horno, cocinándose a fuego lento, como se hacen los buenos guisos de la comida tradicional", señalaba, apuntando que estará condicionada por el desarrollo de la normativa estatal.

Un año después, siguen sin conocerse novedades relevantes de las dos medidas estrella que Vox prometió tras entrar a formar parte del Gobierno autonómico. La formación por ahora ha mantenido un perfil bajo y no ha protestado de forma enérgica ante la demora en la aprobación de estas dos normas, a sabiendas de su situación de debilidad electoral, aunque su portavoz, en las Cortes, Carlos Menéndez, reconocía este mismo lunes que el deseo de la formación es que ambas normas "salgan adelante cuanto antes".

Los resultados de las elecciones municipales y de las generales, donde pasó de seis escaños a tan solo uno en la Comunidad, hacen prever que una repetición electoral no sería fructífera para los intereses de los de García-Gallardo. A Vox no le interesa hacer aumentar las fricciones en este momento con su socio en dos de las cuestiones en las que mantienen una mayor distancia ideológica con los populares y, por ahora, el partido ha optado por aceptar con resignación los retrasos en la aprobación de dos normas prioritarias para sus intereses.