Ayer el Tribunal Constitucional le paró al PSOE de Sánchez las “enmierdas” en su previa tramitación en el Senado, no así en el Congreso en el que se llevó a cabo la votación pese a la posición en contra de los letrados del mismo y la petición de los portavoces del Partido Popular, Vox y Ciudadanos que debería suponer ya, directamente y después de esta decisión del Tribunal Constitucional, el encausamiento de Meritxell Batet por el delito de prevaricación y desobediencia. Y esas son las intenciones de Vox denunciar en el Tribunal Supremo la situación que se ha dado estos días de atrás.

Y es que la posición de los letrados del Congreso era muy clara: se oponían a que se incluyeran en la votación las enmiendas 61 y 62 por no ser concordantes con el fondo del asunto y por ello no tenían sitio en esa votación.
Incluso Batet desoyó la petición del letrado Mayor del Congreso: que se tuviese en cuenta las advertencias de ilegalidad efectuadas por la letrada Isabel Revuelta.

Al final el Congreso votó las enmiendas en un claro acto de desobediencia de la Sentencia que sobre un asunto similar dicto en el año 2011 el Tribunal constitucional, sentencia 119 de 5 de Julio en la que se exponía que: “toda enmienda debe tener una correlación material o lógica con la iniciativa legislativa”.

Debemos recordar que esta sentencia deviene como consecuencia de un recurso del PSOE a una introducción similar en una Ley de Arbitraje que el gobierno de Aznar quiso hacer con enmiendas para endurecer el tipo penal de convocatoria ilegal de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum, así como el de su promoción o participación como interventores.

Pero lo grave, con serlo por sí misma, es más grave por lo que se pretendía, reformar fuera de toda norma y decoro parlamentario la Constitución a traición a espaldas de los ciudadanos.

Este gobierno ha empezado una carrera, una estampida en pos de seguir ostentando el poder, que debe ser parada porque si no lo evitamos se llevará por delante el estado de derecho.

Este ha sido el primer intento de Pedro Sánchez por mantenerse en el poder y tanto va a llevar la Constitución a la fuente (léase el Congreso) que al final la romperá.