La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha alertado hoy que, durante los últimos quince años, el número de víctimas detectadas ha aumentado, pese a que el perfil de las mismas ha cambiado: "La proporción de las mujeres adultas entre las víctimas detectadas se ha reducido del 70 al 50% en 2018; mientras que la de personas menores ha aumentado, de un 10 a más de un 30%". 

Barcones ha asegurado en la jornada organizada por las Unidades de Violencia de Género sobre la Mujer de las subdelegaciones del Gobierno en Castilla y León, que ha tenido lugar en Segovia, que: "Estamos frente a un enorme negocio cuya mercancía es la persona, sobre todo la mujer, que forzada y sometida a coacción y engaño es trasladada, para ser vendida y explotada. La vulneración sistemática de derechos humanos fundamentales que supone la explotación sexual impide cualquier decisión voluntaria y el ejercicio de la libertad individual de la víctima, más aún si se trata de niñas". 

Además, ha incidido en que "en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma no somos ajenos a esta realidad". Para ello, Barcones considera necesario trabajar en el ámbito de la educación "actuando en las raíces más evidentes de la trata con fines de explotación sexual". 

La delegada del Gobierno ha aprovechado este foro para pedir la colaboración ciudadana: "La gente se debe implicar y poner en conocimiento de las autoridades lo antes posible cualquier sospecha de que alguna mujer o niña está en una situación de trata con fines de explotación sexual". 

"Le diría a los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia y de esta comunidad autónoma que, ante la duda, no se callen. Pueden evitar un daño irreparable contra un ser humano. Esta denuncia dará pie a que profesionales especializados puedan valorar la situación y el riesgo en que se puede encontrar esta persona", ha concluido Barcones.

Presupuestos de 2023 "favorables para Castilla y León"

Barcones ha hablado sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2023, que ha calificado como "favorables para Castilla y León" porque "la parte esencial de protección" tienen mucha incidencia para la Comunidad, como la revalorización de las pensiones en un 8,5%, que afecta a un cuarto de la población o el incremento salarial en tres años del 9,5% para los 167.000 empleados públicos que hay en el territorio.

Además, ha argumentado los beneficios para la Comunidad con "el incremento sustancial en Educación, Sanidad y Dependencia", que es "importantísimo" en Castilla y León, al igual que "la prórroga de los bonos de Renfe para Cercanías y Media Distancia, los bonos sociales de alquiler y todas las medidas para los jóvenes", entre otros.

En el conjunto, considera que se trata de un presupuesto "social" que está pensado para ayudar a la clase media y trabajadora, permitiéndoles hacer frente "a las consecuencias adversas que se arrastran de una pandemia, que vienen provocadas por una guerra en las puertas de Europa".

La delegada del Gobierno en Castilla y León ha defendido que este proyecto es "muy distintos” al que aprobó el gobierno del PP, que "favoreció y privilegió a unos poquitos", ya el Ejecutivo de Pedro Sánchez, siempre está con "la mayoría social que es la clase media y trabajadora. "Un Gobierno de España que prioriza esa mayoría social frente a otros gobiernos que solo ayudaron a los que mas tenían y dejaron por el camino a demasiada gente", subrayó.