Liliya vive con mucha preocupación el desarrollo de la Guerra de Rusia contra Ucrania desde que el 24 de febrero las tropas de Putin invadieran su país de nacimiento. Ella reside desde hace una década en España, pero allí vive aún gran parte de su familia más cercana. Cuando comenzaron a llegar refugiados ucranianos a Castilla y León no perdió ni un minuto en acercarse a los puntos de recepción para tratar de ayudar en el proceso de acogida, ejerciendo de traductora y dando aliento y esperanza a tantos compatriotas que llegaban desorientados y asustados tras una huida tan abrupta. En Zamora, donde vive, hay una pequeña comunidad de ucranianos muy unida, que se volcó en arropar a las víctimas inocentes de la guerra, en su mayoría mujeres y niños.

Tiene una solvente formación académica en el área de las finanzas, pero por experiencia sabe que no es fácil encontrar trabajo en una provincia como Zamora, por lo que desempeña trabajos a tiempo parcial en otras áreas para ganarse la vida. Al poco tiempo de estallar la guerra, una puerta laboral se le abrió de forma inesperada en el BOE: el Ministerio de Educación convocaba 200 “plazas para auxiliares de lengua ucraniana en centros educativos españoles para el año 2022”, destinada a ucranianos, españoles o europeos con estudios que habiliten para la docencia, orientación o acompañamiento psicológico o social y con conocimientos del idioma ucraniano. La finalidad: apoyar hasta final de año la integración escolar de los niños desplazados desde Ucrania.

La convocatoria, a pesar de denominarse ‘plazas de auxiliares’ aparece bajo la forma de una “ayuda” de 4.200 euros por seis meses: mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre”, es decir, 700 euros al mes. No se especifica horario laboral ni ninguna otra condición.

Anuncio de convocatoria de plazas de auxiliar de conversación en el Boletín Oficial del Estado

"No hay contrato laboral, es más bien una ayuda"

La protagonista de esta historia envía la solicitud y, tras renunciar otra persona que tenía más puntuación que ella, es contactada por el Ministerio para ofrecerle la ‘plaza’. El destino, dos centros distintos en dos localidades de la comarca de Sanabria: el instituto Valverde de Lucerna, en Puebla de Sanabria, y el colegio Monte Gándara, en El Puente. Liliya pregunta por sus condiciones laborales, cotizaciones a la seguridad social… la respuesta que recibe por correo electrónico no deja lugar a dudas:

“Buenos días. El “salario” son 700 euros al mes netos. No hay cotizaciones a la seguridad social ni deducciones fiscales porque no hay un contrato laboral, así que es más bien una “ayuda”. Un saludo”.

Correo electrónico enviado por el Ministerio de Educación

Cuando recibe su hoja de incorporación descubre las auténticas condiciones del puesto: su jornada laboral de 12 horas y los conceptos a los que atribuyen la retribución: ayuda para manutención y alojamiento.

Liliya hace cuentas y no le salen. Tiene que desplazarse tres días a Sanabria, a 117 kilómetros de la capital, además del desplazamiento entre los dos centros escolares. Encuentra en el Alvia a Otero de Sanabria la solución menos gravosa. Aún así, tiene que dejar estacionado un coche en la estación sanabresa para poder desplazarse desde el tren a Puebla de Sanabria, de ahí a El Puente, y vuelta a la estación de Adif para regresar a su domicilio. Al final, las 12 horas se triplican.  

A pesar de la precariedad de su nuevo ‘empleo’, Liliya está muy satisfecha porque está ayudando a niños de corta edad y adolescentes a iniciar una nueva vida lejos de las bombas y el terror. Emocionada, recuerda cómo la mayoría de ellos lloraron al escuchar una voz en su idioma en su primer día de clase. “He ejercido más de psicóloga que de auxiliar de conversación”, reconoce.

"Esperamos que estés disfrutando, debes sentirte orgullosa"

El 10 de junio, la Secretaría de Estado de Educación le envía otro correo electrónico: “Esperamos que estés disfrutando de la experiencia como auxiliar de lengua ucraniana. Tu labor es fundamental y debes sentirte orgullosa de la ayuda que prestas”. En la misma comunicación, le indican que durante los periodos no lectivos de junio y septiembre debe ayudar a la planificación de contenidos, elaboración de materiales de apoyo o “cualquier otra labor que desde los centros consideren que puede ayudar al alumnado objeto de este programa”. De hecho, Liliya no solo ha acompañado al profesorado como auxiliar de conversación. En ocasiones ha impartido clases en solitario, como si se tratara de una docente más por indicación del centro.

Tras el parón del verano, y ante la proximidad del nuevo curso escolar, comprueba que los precios del Alvia ya no son los que eran: se han disparado y estos billetes no están incluidos en el famoso abono transporte que le habría supuesto un considerable ahorro. Ahora ya no, las cuentas ya no salen ni por asomo, por lo que se pone en contacto con el Ministerio para tratar de que le faciliten un abono transporte al menos con el mismo precio que antes del verano. La respuesta, es negativa: no pueden hacer nada.

Así pues, y con mucho pesar, Liliya ha tenido que renunciar a la ‘plaza’ que le unía a los pequeños ucranianos de Sanabria. Al final, los grandes perjudicados son estos 15 niños. No entiende cómo el Ministerio de Educación se permite disfrazar un puesto laboral bajo la apariencia de un voluntariado, y se pregunta qué habría ocurrido si durante el trayecto de alguno de sus viajes hubiera sufrido un accidente. Sin contrato, sin alta en la seguridad social y sin ninguna de las responsabilidades que el Estado exige a cualquier empresa o autónomo que opere en territorio español.