Los tres procuradores que forman parte del Grupo Mixto de las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández (Unidas Podemos), Francisco Igea (Ciudadanos) y Pedro Pascual (Por Ávila), sí que tienen la condición de portavoces habilitados, según resolución del presidente de la Cámara, Carlos Pollán, publicada hoy en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, tras el acuerdo de la Mesa de las Cortes de 28 de abril de 2022 por el que se fijan los criterios de funcionamiento del Grupo Parlamentario Mixto en la XI legislatura.

De esta manera, la Mesa de la Cámara ha acordado conceder a cada uno de los procuradoresla condición de Portavoces habilitados, es decir, los tres podrán formular la pregunta al presidente de la Junta de Castilla y León que corresponde a este grupo en casa sesión plenaria, para lo que seguirán el turno de rotación que ellos establezcan.

Asimismo, cada uno de los procuradores del Grupo Parlamentario Mixto podrá actuar como portavoces habilitados a los efectos de la presentación de iniciativas parlamentarias, sin que los escritos que se registren tengan que llevar la firma del portavoz oficial. El escrito deberá indicar expresamente que se presenta por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Procurador o Procuradores, o de su formación política de pertenencia, que firman la iniciativa.

Así, en las iniciativas de ejercicio individual que, de conformidad con el Reglamento parlamentario, precisan de la firma del portavoz a efectos de conocimiento, bastará con la firma del procurador del Grupo Parlamentario Mixto autor de la iniciativa para su perfeccionamiento.

Portavoz liberado

Hay que recordar que tras las elecciones del pasado 13 de febrero, el Grupo Mixto ha acordado que la portavocía del mismo estuviera en menos en Pablo Fernández y la viceportavocía en Francisco Igea. Sin embargo, la Mesa de las Cortes, a propuesta de PP y Vox, decidió que solo fuera el portavoz liberado y tuviera dedicación exclusiva. Ambos han pedido su reconsideración y han advertido de que están dispuestos a ir Tribunal Constitucional para defender sus derechos. Un aspecto que todavía sigue en el aire.