La Consejería de Agricultura se ha convertido en el mayor punto de fricción entre PP y Vox en Castilla y León y en una de las claves del retraso de la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Este departamento es el más deseado por la formación de Juan García-Gallardo, ya que gran parte de los ejes prioritarios de su programa van vinculados a la defensa del mundo rural, y Vox sabe que podría ser un gran escaparate de gestión para proyectarse de cara a las próximas generales. Pero el PP es consciente también de esta realidad y no tiene intención de ceder ni un ápice en su tradicional hegemonía electoral en el ámbito rural.

Fuentes a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León han asegurado este lunes, además, que el reparto de las delegaciones territoriales es otro de los escollos que están retrasando la conformación del nuevo Gobierno y la convocatoria del pleno de investidura de Mañueco, al tener la intención de utilizarlas ambos partidos como punta de lanza de cara al control del mundo rural. Por otra parte, García-Gallardo ha afirmado que quiere tratar esta semana con Mañueco los "puntos pendientes" del acuerdo de Gobierno para después determinar la fecha de la investidura del candidato popular.

Vox y la defensa del mundo rural

Vox quiere situarse como el referente de la defensa del campo a nivel nacional. La presencia del líder del partido, Santiago Abascal, en la manifestación del pasado día 20 en Madrid, bajo el lema 'El mundo rural despierta', supuso un episodio más que demostró la intención de la formación de capitalizar electoralmente el descontento de agricultores y ganaderos. Un propósito que Vox mostró de forma poco velada desde el inicio de la precampaña en Castilla y León de cara a las elecciones del pasado 13 de febrero.

El propio lema elegido para esta contienda electoral, 'Siembra', ya dejaba entrever que Vox es muy consciente de la importancia del sector primario y el acuciante problema de la despoblación rural en la región. El pasado 14 de marzo, tras su reunión con el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, García-Gallardo reconocía que Agricultura era "una de las grandes candidatas" a ser gestionada por su partido y no negaba la importancia que Vox concede a esta cuestión. Con todo, el estancamiento en la negociación de los departamentos que ocupará cada partido ha terminado retrasando la investidura de Mañueco –cuya celebración se vislumbraba para el 25 o 28 de marzo– más de lo previsto.

Dirigir esta consejería podría suponer un impulso para Vox de cara a las futuros comicios andaluces y, sobre todo, para las elecciones generales previstas para diciembre de 2023, en las que el partido espera lograr el sorpasso al PP. La formación tendría un legado de gestión en el que podrían llevar a cabo algunas de las medidas estrella de su programa. Entre ellas destacan algunas de especial calado como el aumento de las indemnizaciones por los ataques del lobo -una cuestión en la que García-Gallardo hizo especial hincapié durante toda la campaña-, que es una de las grandes preocupaciones de los ganaderos. En este mismo sentido, Vox propone reforzar la seguridad en las explotaciones agropecuarias para evitar pérdidas causadas por ataques al ganado.

Los de García-Gallardo han incidido, además, durante toda la campaña en fomentar una política proteccionista que defendiera los productos agrarios nacionales. Un posicionamiento que va acorde con el que defiende Vox a nivel nacional desde su irrupción a finales de 2018. En este sentido, el programa autonómico de la formación propone "frenar la estigmatización de alimentos por motivos ideológicos" y "perseguir los etiquetados ilegales" que pudieran llevar a la confusión sobre el origen de los productos, defendiendo y dando prioridad al producto nacional.

Además, el programa del partido hace hincapié en "el apoyo a la industria agropecuaria nacional" para frenar la despoblación rural de la región ya que, a su juicio, podría atraer trabajadores a esta industria y evitar que tuvieran que marcharse a otras comunidades autónomas.

El pacto de Gobierno con el PP en Castilla y León, anunciado el pasado 10 de marzo tras la sesión constitutiva de las Cortes, recoge muchas de las propuestas de Vox en esta materia. Concretamente, el documento del acuerdo habla de "defender el carácter esencial de la actividad agrícola y ganadera, así como de la industria agroalimentaria, por su función de obtención de materias primas destinadas a la producción de alimentos y por crear actividad económica y consolidar población en las áreas rurales". Y apuesta también por instar "al Gobierno de la Nación a recuperar el equilibrio entre la ganadería y la protección del lobo, conforme a las demandas de las Comunidades Autónomas afectadas".

Una consejería, pues, que otorgaría una proyección mediática de importancia a Vox, al ir muy acorde con la esencia del partido, en un momento en el que la formación tiene intención de utilizar Castilla y León como laboratorio de experimentación de cara a impulsarse a los próximos comicios.

El Partido Popular y la disputa por la hegemonía en el campo

El Partido Popular, la formación más votada en las elecciones autonómicas del pasado 13 de febrero y que encabezará el Ejecutivo de coalición con Vox, es el partido que tradicionalmente ha dominado el voto rural en la región, algo constatado con los resultados de los últimos comicios. Un dominio que quiere seguir ostentando y que quiere garantizar a través de la dirección del departamento de Agricultura. Fuentes del PP aseguran que la formación "no hará declaraciones" hasta que finalicen las negociaciones que desemboquen en la sesión de investidura de Mañueco.

La pírrica victoria del PP en estos comicios –con solo 31 escaños, dos más que en 2019, y su peor resultado histórico en votos en la región– se debió, en gran parte, a que el voto rural compensó el fracaso del PP en el ámbito urbano en las elecciones autonómicas. Y es que los populares solo ganaron en una de las nueve capitales de provincia, Salamanca, la localidad natal del presidente Mañueco y de la que fue alcalde durante ocho años.

En la capital salmantina el partido logró un 38,5% de los votos –siete puntos más de su media autonómica que fue un 31,4%– mientras que en las otras ocho fue segunda fuerza y quedó bastante por debajo de su porcentaje medio. Sin embargo, la media de votos del PP en el ámbito rural superó con creces su media autonómica. En la provincia de Burgos, tomando como ejemplo un territorio con fuerte presencia del mundo rural, los populares lograron la victoria en 254 de los 371 municipios, una tendencia repetida en el resto de provincias.

El PP de Castilla y León no está dispuesto a ceder esta hegemonía en el mundo rural y observa con preocupación la posibilidad de que Vox pueda utilizar la dirección de la Consejería de Agricultura como escaparate para proyectarse en el campo y lograr arrebatarles ese tradicional dominio a medio plazo. Durante la campaña, los populares mostraron también la importancia fundamental que conceden al campo y buena prueba de ello fue la presencia del todavía presidente del PP, Pablo Casado, en diferentes municipios rurales de la región para pedir el voto de agricultores y ganaderos.

Una declaración de intenciones que los populares concretaron en propuestas. El pasado 26 de enero, el propio Mañueco prometía una cuota cero para nuevos autónomos en el mundo rural durante los 18 primeros meses -que se ampliaría a 30 en el caso de los municipios de menos de 5.000 habitantes- y descuentos del 20% en acceso a vivienda en el campo para jóvenes, como fórmula para atraer nuevos habitantes y combatir la despoblación. 

El presidente en funciones anunció también que los jóvenes no pagarían el Impuesto de Transmisiones por su vivienda en localidades rurales "en riesgo de despoblación" y que mantendrían una deducción del 15% en el IRPF por la rehabilitación o compra de una vivienda en el campo. Mañueco anunció también, durante la campaña electoral, su intención de aprobar un Plan de Agroindustria que contemplaría grandes incentivos para los agricultores de la región y que contaría con una inyección de 120 millones de euros para inversiones. Una serie de promesas que surtieron el efecto esperado ya que los populares revalidaron su dominio electoral en el medio rural de la Comunidad. 

La ronda de negociaciones entre PP y Vox de cara a repartir las consejerías del primer Ejecutivo de coalición de la historia de Castilla y León sigue estancada, y la fecha de la sesión de investidura cada vez se aproxima más al jueves 31 de marzo, una jornada en la que debería celebrarse obligatoriamente si no se ha convocado antes. Durante los próximos días se resolverá la pugna entre ambos partidos y se conocerá si Vox logra una consejería fundamental para consagrarse como punta de lanza de la defensa del mundo rural o si el PP conserva un departamento clave para mantener su hegemonía en el voto del campo en la Comunidad.