Las eurodiputadas Soraya Rodríguez y Eugenia Rodríguez Palop advirtieron hoy al presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de que puede vulnerar principios de la UE y el “acerbo comunitario” si pacta con Vox para revertir derechos con tal de seguir gobernando la Comunidad, según ha informado la agencia Ical.

Así lo dijeron ambas durante su participación en un Diálogo organizado por Servimedia en el marco del proyecto #TúEresEuropa, que esta agencia de noticias desarrolla con financiación del Parlamento Europeo para hablar del proceso de consulta a los ciudadanos puesto en marcha con motivo sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Rodríguez afirmó que “cualquier actuación de un gobierno que de forma clara y activa esté produciendo restricción de derechos y una reversión de políticas es un ataque en el acerbo comunitario de la UE”, por lo que no debe tolerarse dado el tiempo que “hemos tardado en avanzar” en algunas materias.

Por eso, confió en que el Partido Popular no acepte en las negociaciones para revalidar el poder en Castilla y León “ningún concepto” que plantee Vox y suponga “dar pasos atrás y eliminar políticas públicas para ayudar a las mujeres”.

La eurodiputada de Cs recalcó que “los derechos de las mujeres son fundamentales” en la UE y, por eso, celebró que se condicionen fondos públicos comunitarios a la no la vulneración de derechos fundamentales porque “es muy importante” protegerlos y evitar que se den pasos atrás como en Polonia, según señaló con algunos ejemplos.

Por su parte, Rodríguez Palop admitió que le “preocupa mucho” que pueda haber retrocesos de derechos en Castilla y León por un pacto de gobierno entre PP y Vox, puesto que considera que allí donde la ultraderecha toca poder se producen “derivas autoritarias” y se ponen en marcha políticas “abiertamente antifeministas”.

La eurodiputada de Unidas Podemos señaló que en el Parlamento Europeo “se ha hecho un cordón democrático a la extrema derecha y se han condicionado los fondos a gobiernos que vulneran derechos fundamentales”, lo que considera “un ejemplo” de la UE “que se debería seguir en el interior de los Estados”.