La denuncia del Grupo El Salvador a un antiguo empleado que pretendía extorsionar a la empresa para lograr una mejora de su jubilación, lo que dio lugar a un proceso penal con la condena de este último, parece haberse vuelto en contra de la mercantil funeraria, cuyo propietario y algunos empleados permanecen detenidos desde esta mañana por supuesta estafa relacionada con la sustitución de ataúdes de calidad por otros más baratos en procesos de incineración para reutilizar luego los primeros con otros clientes.

Aquella denuncia de la empresa parece haber derivado en una investigación posterior que la Policía Nacional y personal de la Agencia Tributaria ha explotado esta mañana con el registro de varios tanatorios de Valladolid en los que se podrían haber producido tales prácticas irregulares.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León confirmaron que un amplio dispositivo policial se ha personado en varios tanatorios de la empresa El Salvador en la capital vallisoletana y en otros municipios, como Santovenia de Pisuerga, así como en las oficinas del grupo en el centro de la ciudad.

El Juzgado ha decretado secreto de actuaciones, por lo que la información oficial no se aportará hasta que concluya la fase de investigación sobre el terreno. Por el momento, no se ha precisado la cifra de detenidos con motivo de esta operación, aunque se apunta a más de una decena, entre ellos el propietario, que a esta hora permanece en los calabozos de la Comisaría de Delicias.

Según ha informado eldiario.es, los investigadores sospechan que empleados de la funeraria sacaban los cadáveres de las cajas antes de la cremación y los metían en otros de baja calidad, al tiempo que reutilizaban las coronas de flores. Se trata de una investigación por estafa que podría alcanzar un valor de varios millones de euros.

La empresa carga contra el exempleado

La propia empresa, a través de un comunicado, ha responsabilizado de dichas "prácticas irregulares" a un extrabajador que habría estado extorsionando a la empresa.

En el año 2017, la mercantil asegura haber sufrido por parte de un exempleado aludido un chantaje económico consistente en la reclamación de diversas cantidades económicas a cambio de no revelar determinadas "prácticas irregulares que él, supuestamente, habría cometido".

"Ante la grave acusación e irrealidad de los hechos objeto de chantaje", Grupo El Salvador presentó denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policial por un posible delito de extorsión, incoándose diligencias previas ante el Juzgado de Instrucción, con posterior juicio ante el Juzgado de lo Penal, que condenó al denunciado, jubilado de la empresa en febrero 2015, como autor de un delito de extorsión a la pena de un año de prisión.

La sentencia, siempre según advierte la mercantil funeraria, indicaba textualmente que el acusado chantajeó a la empresa con el objetivo de que fuera mejorada su pensión de jubilación, y sin que en la citada sentencia se determinara actuación irregular alguna por parte de la empresa.

Sin embargo, la presente operación policial se basa en determinadas pruebas, documental y fotográfica, que el extrabajador habría acumulado durante años y que habría presentado sobre las supuestas prácticas ilícitas de empleados de la funeraria investigada.

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