El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras Fomento de la eficiencia energética contará en 2019 con unos recursos de 284 millones de euros para la financiación de las medidas incluidas en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el periodo 2013-2018, frente a los 319 millones consignados en las últimas cuentas de Mariano Rajoy o los 349 millones consignados en 2017.

Según consta en la memoria del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 registrado este lunes en el Congreso de los Diputados y recogida por Europa Press, en el sector de la minería ocupa un "lugar central" la reestructuración de la minería del carbón que se lleva a cabo a través del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras.

Ante la finalización del marco anterior, el Real Decreto-Ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras instrumenta el nuevo Acuerdo Marco, suscrito el 24 de diciembre para el período 2019-2027, para dar continuidad a la política de reactivación de las comarcas mineras.

Según consta en el Informe Económico Financiero que sustenta las cuentas registradas en el Congreso, el Plan favorecerá el impulso económico de las comarcas mineras a través de actuaciones, como la restauración de explotaciones en comarcas mineras, favorecer las energías renovables y la eficiencia energética, elaboración de contratos
de "transición justa" con el fin de crear y fijar empleo en las comarcas afectadas.

Así, para la financiación del marco de actuación en el período 2013-2018, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras Fomento de la eficiencia energética contará dentro de esta política con unos recursos de 284 millones de euros.

Por su parte, e Consejo de Seguridad Nuclear ejercerá sus funciones de reglamentación, autorización e inspección y control sobre las instalaciones, consiguiendo que sean operadas por sus titulares de forma segura, y estableciendo las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen. Para ello, el Consejo cuenta en 2019 con un presupuesto dentro de esta política de 47 millones de euros.