La Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género de Salamanca, Adavas, ha hecho balance este jueves de su labor el año pasado, tanto en la prevención como en la asistencia a las víctimas, ahora que se acerca el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo.

Su presidenta, Raquel López, y la abogada Manuel Torres detallaron que en total se atendieron a 810 víctimas, 620 por malos tratos y 190 por violencia sexual. La mayoría en la capital, con más de treinta años y de nacionalidad española, aunque también se atendieron casos de Portugal, Marruecos, Inglaterra, Bulgaria, Suecia, Rusia, Perú, Bolivia, Argentina y Venezuela.

En 23 de los casos las víctimas fueron menores de edad, la gran mayoría por situaciones de abuso o agresión sexual. Y es que cada vez hay más casos de acoso escolar y ciberacoso, donde los acosadores son menores que en gran parte han sufrido consecuencias familiares como la separación de los padres.

Aunque en la mayoría de los casos es la propia víctima quien realiza el primer contacto con la asociación, desde Adavas perciben un ligero incremento de aquellos casos en los que es una persona cercana a ella quien solicita la primera cita.

También cabe destacar que en la mitad de los casos la situación de violencia hacia la mujer venía produciéndose desde hace más de diez años. Siete de cada diez maltratadas consiguieron abandonar al agresor, un dato similar al año anterior, y otro dato significativo es que casi la mitad de las atendidas estaban en situación de desempleo en el momento de acudir al centro.

Y, aunque aumentan las medidas de protección concedidas, “aún son muchas las víctimas que no cuentan con protección adecuada. Consideramos que se debe dotar de una eficaz protección a la víctima, para que pueda denunciar con garantías y se debe realizar una adecuada valoración del riesgo, ya que, en la mayoría de los supuestos se les califica por el sistema de ‘riesgo bajo’, porque no se realiza, a nuestro parecer, una valoración exhaustiva e integral de tal situación de riesgo”, afirmó Manuel Torres.

Y es que se constata que cuando existe una asistencia profesional especializada, los procedimientos que acaban con sentencia condenatoria se incrementan. “Se está investigando y enjuiciando en la inmensa mayoría de los casos sólo el último episodio violento, lo que significa que las consencuencias penales para el maltratador son menores y no se realiza una adecuada y ponderada valoración de una violencia habitual”, añadió la abogada de Adavas.

Y concluyó: “Nos resulta preocupante la tendencia al alza de la denegación de medios de prueba cuando ejercemos la acusación particular, sobre todo en lo referente al maltrato psíquico, defendiendo los intereses de las víctimas, lo cual redunda en la indefensión de aquella y en la conculcación del principio de tutela judicial efectiva”.