El “fruto digital”, el reto pendiente de la Ley Europea de Datos

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, marcará un hito en la construcción jurídica de la Europa digital. Entra en vigor la Ley de Datos de la Unión Europea (Data Act). Se trata de una norma largamente esperada que pretende poner orden en el acceso, uso y reutilización de los datos en un terreno dominado por códigos de conducta voluntarios, lagunas jurídicas y un notorio desequilibrio de poder entre grandes plataformas y ciudadanos, entre proveedores tecnológicos y sectores productivos.

La importancia económica del dato es indiscutible y se prefigura como una gran oportunidad en tiempos de crisis. Según cálculos de la Comisión Europea, la Economía del Dato en España rebasa ya los 36.700 millones de euros, un 3% del PIB. En 2025 alcanzará los 50.000 millones (4% del PIB) y en 2030 se acercará a los 67.000 millones, lo que representará más del 5% de nuestra riqueza nacional. El dato supera ya en volumen a ramas tradicionales enteras y promete ser un motor clave de la competitividad futura.

En Castilla y León este impacto adquiere un significado especial para el sector agrario, sumido en una espiral fatal marcada por el alto precio de los insumos, el bajo precio de los productos en el mercado y, por si fuera poco, el impacto terrible de los incendios que a esta hora aún no terminan de extinguirse. Para completar el mapa, hay que subrayar dos circunstancias clave: la primera, que nuestro sector agrario supone más del 5,5% del Valor Añadido Bruto regional; y la segunda, que el campo ya no es sólo un mosaico de tractores, bodegas y almazaras: es también, cada vez más, una red de sensores, algoritmos y plataformas que producen un flujo constante de información, datos con valor económico real, objetos que generan rendimientos y que constituyen un recurso estratégico.

La fragilidad del generador del dato

Y aquí es donde emerge el problema central: la injusta fragilidad jurídica de quien genera los datos. La Unión Europea ya intentó en 2018 introducir la figura del “originador de datos” mediante un Código de Conducta en el ámbito agrario. Sin embargo, su carácter voluntario lo convierte en papel mojado. En la práctica, los agricultores, ganaderos, cooperativas y empresas agrarias —es decir, la parte más débil— quedan sin respaldo frente a las grandes tecnológicas, únicas beneficiarias de un recurso que en realidad nace, en este caso, de la explotación agraria.

La Ley de Datos mejora un tanto el panorama, estableciendo reglas sobre quién puede acceder a los datos y bajo qué condiciones, pero no llega al fondo del asunto, lastrado por un vacío estructural: la indefinición de la titularidad originaria de los datos privados no personales a partir de su condición real en tanto que datos. Situación que exige una reforma de calado en la legislación nacional que reconozca lo que son los datos: un fruto derivado de los bienes analógicos principales.

La propuesta del “fruto digital”

En este vacío es donde surge la propuesta registrada el pasado 4 de septiembre en las Cortes de Castilla y León, que persigue la modificación del artículo 355 del Código Civil para introducir una nueva categoría de frutos: los frutos digitales.

Partiendo de la definición de fruto digital como “toda representación codificada de objetos del mundo analógico, generada por medios digitales en una primera interacción entre el mundo analógico y el digital, y que es resultado de la explotación, uso o interacción de dichos objetos en tanto que bienes principales”, se pueden hacer dos afirmaciones decisivas. La primera, que el fruto digital, así descrito, cumple con las cuatro notas clásicas de los frutos:

No altera la sustancia del bien principal (un sensor no modifica una cosecha). Se genera de manera periódica y casi espontánea (reduplicando el mismo ritmo de la explotación). Es acorde con el destino económico del bien principal (mejora su aprovechamiento). Mantiene una relación de accesoriedad respecto al bien principal (sin éste no existe el dato).

Y la segunda, que los datos digitales no encajan en las categorías actuales (naturales, industriales y civiles) y las desbordan, de donde cae de su peso la necesidad de la reforma propuesta. Una necesidad que, de hecho, se convierte en una gran oportunidad.

Un concepto con vocación universal

Aunque el ejemplo agrario resulta especialmente ilustrativo, la figura del fruto digital tiene una proyección global. No atañe sólo al agricultor de Tierra de Campos o del ganadero del Campo Charro, sino también, por ejemplo, al ciudadano que alimenta con su actividad un algoritmo financiero o sanitario. Reconocer los datos como frutos es dotar de seguridad jurídica al verdadero generador de la información en cualquier ámbito económico.

Derecho y tecnología en tensión

Vivimos un momento en el que la tecnología desborda el marco jurídico tradicional. La inteligencia artificial y la digitalización tensionan los moldes clásicos del derecho y exigen instrumentos nuevos. Lo que está en juego es la función social del derecho tal y como la describía Recasens Siches. En suma, de lo que se trata es del nacimiento de un derecho digital que proteja a ciudadanos y empresas frente a monopolios y abusos.

Castilla y León como laboratorio vivo

No podemos perder de vista que nuestra comunidad no sólo es un terreno de pruebas privilegiado, sino auténtico gigante agrotech en ciernes. Hoy en día los datos son una realidad cotidiana en bodegas, explotaciones cerealísticas, dehesas e industrias agrarias. Sin embargo, el que los produce no es dueño de ellos. Su destino inexorable, si el Derecho no se hace cargo de esta realidad, serán servidores externos, bajo gobernanza ajena, en los que están llamados a convertirse en propiedad de terceros.

Reconocer el fruto digital, por el contrario, permitiría restituir a los originadores del dato el derecho a beneficiarse justamente de lo que generan los bienes principales que son de su propiedad, reforzando la seguridad jurídica y la justicia en la economía digital, y abriendo las puertas a un horizonte de crecimiento de un ecosistema de innovación tecnológica, agraria y económica extraordinario.

Una responsabilidad política inaplazable

En este contexto, es imprescindible que nuestras instituciones, tanto autonómicas como nacionales, impulsen una iniciativa legislativa para reformar el artículo 355 del Código Civil orientada a:

Actualizar el Derecho Civil a la realidad de la economía digital. Garantizar seguridad jurídica a agricultores, empresas e individuos. Armonizar la legislación española con las directrices europeas, pero dando un paso más allá, con una propuesta jurídica definitiva. Equilibrar la negociación con las grandes plataformas tecnológicas.

Tal es precisamente el contenido de la Proposición No de Ley que acabo de registrar en las Cortes de Castilla y León, solicitando que el Gobierno de Castilla y León inste al Gobierno de España a dar este paso con urgencia. La tecnología no espera, y cada demora se traduce en desigualdad y pérdida de riqueza.

Conclusión: del dato como recurso al dato como derecho

La Economía del Dato ya no es un futurible: es presente, PIB, innovación y empleo. La Ley Europea de Datos inaugura un marco más ordenado, pero queda pendiente el nudo gordiano de la cuestión.

La vida en sociedad está hoy sometida a una transformación de hondura y velocidad inéditas. No se trata sólo de agricultura o de sectores concretos, se trata de una exigencia de justicia y de seguridad jurídica que afectará a todas las relaciones económicas en la era digital.

La Unión Europea ha cumplido con su deber de armonizar. España puede tener ahora, de la mano del impulso legislativo de Castilla y León, la gran oportunidad de dar un paso histórico con esta reforma de nuestro Derecho Civil. Una gran oportunidad en tiempos de crisis que no podemos dejar pasar.