Estamos en una época en la que la mayoría de las administraciones se ocupan de preparar sus presupuestos para el año próximo. No pretendo hacer un estudio técnico de ninguno de los presupuestos a los que voy a referirme, pero sí una valoración política de los mismos.

Los presupuestos, dice la RAE en la acepción que nos interesa, son “ el cómputo anticipado... de los gastos y rentas de una corporación”. Se dividen en ingresos y gastos, y como explicaba una concejal podemita al hablar de los presupuestos de su Ayuntamiento: “los ingresos son lo que se ingresa y los gastos son lo que se gasta”. Así de sencillo.

Los políticos, siempre que se refieren a la Ley de Presupuestos afirman que se trata de la ley más importante del año, por cuanto es la traslación a los números y a la economía real de la política del Gobierno de turno. Ello exige, o mejor dicho exigiría, rigor en el cálculo de los ingresos y en la evaluación de los gastos, pues de no ser así todo el edificio presupuestario se construiría sobre cimientos falsos y conducirían a los mismos a la ruina. Y en eso estamos.

Reconociendo que la situación que vivimos desde el punto de vista económico es particularmente difícil, la Unión Europea ha decidido relajar las condiciones que controlan el presupuesto de las naciones integradas en Europa para atender el exceso de gasto provocado por la pandemia, algo aprovechado junto con el estado de alarma por el gobierno socialcomunista español para eludir el control parlamentario y que nos puede llevar a una situación irreversible, al incrementar el déficit público y la deuda pública hasta límites absolutamente insostenibles y todo ello a pesar de inflar también de forma artificial el cálculo de ingresos. De hecho, con estos presupuestos, cada español debe 5.000 €. más por el incremento de la deuda. Todo ello animará a la huida de capitales y el retraimiento de las inversiones multinacionales en España y al aumento de la economía sumergida.

Todos los organismos independientes que han analizado el proyecto de presupuestos, desde la Unión Europea, la OCDE, el FMI y los más prestigiosos analistas económicos españoles han detectado la falsedad de los mismos, especialmente en el capítulo de ingresos y todo ello a pesar de presupuestar una muy importante subida impositiva, que unánimemente reconocen imposible de lograr, y pronostican que el desastre económico español en 2.021 tan sólo será superado por Argentina.

No obstante, los presupuestos han superado ya su primer trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados con un respaldo muy superior al esperado por el propio Gobierno, al obtener el respaldo parlamentario, además de los grupos integrados en el gobierno, de ERC, Bildu, PDCat, Más País, Compromis, PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe, en cuya gestión ha tenido un relevante papel el vicepresidente Iglesias, despreciando el apoyo ofrecido por Cs ante la negativa rotunda de ERC, y la razonable negativa del PP de apoyar un proyecto presupuestario del que no tenía un sólo documento. Por cierto, en toda la historia de la democracia, nunca la oposición apoyó el proyecto de presupuestos. Estamos pues ante un proyecto de presupuestos de contenido claramente ideológico y que sin duda van a generar más deuda, más déficit y más desempleo, que seguiremos liderando en la UE.

Lo necesario en este momento es bajar los impuestos, con lo cual, al haber más dinero disponible aumenta el consumo y por ello se produce una mayor recaudación aplicando el llamado “círculo virtuoso de la economía”, como han demostrado los gobiernos Populares de Madrid y de Andalucía, y al mismo tiempo hacer una contención del gasto, lo cual es impensable con un Gobierno de 23 ministros en los que se han dividido ministerios sin apenas competencias como sanidad y educación, en tres carteras para satisfacer las exigencias de los socios de la moción de censura, y con ello, un aumento en progresión geométrica de secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, secretarias, coches oficiales y un desaforado incremento de los asesores hasta alcanzar la cifra de 1.212, algo inédito en la política española hasta la fecha, y de lo que hablaré algún día, además de no haber cerrado uno sólo de los chiringuitos existentes a la sombra del Gobierno y donde se siguen colocando a los amigos e incluso a las parejas de los amigos.

Pero, paradójicamente, lo más grave no es lo que aparece en las cifras recogidas en el presupuesto, con un claro beneficio a determinadas comunidades autónomas como Cataluña o el País Vasco, sino lo que por debajo de la mesa se ha negociado con determinados partidos políticos para conseguir su apoyo: acercamiento de los presos etarras al País Vasco, posibilidad de integración de Navarra en las Vascongadas en desarrollo de la disposición transitoria cuarta de la Constitución Española, aceleración del proceso de indulto de los golpistas y modificación del código penal para reducir las penas por rebelión y sedición, justo en el sentido contrario de lo que prometió el “presimiente cum fraude” en campaña electoral. Y seguro que descubriremos más concesiones. Acabo de enterarme de que el martes el Consejo de Ministros autorizó una emisión de deuda de 300 millones a Cataluña y de 600 millones al País Vasco.

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En las próximas semanas comentaré los presupuestos de nuestra comunidad autónoma y del Ayuntamiento de Valladolid.

PD: Acabo de acceder a un tweet de Pablo Iglesias en el que anuncia que del fondo social europeo al menos el 25 % deberá destinarse a la inclusión social y la integración de personas migrantes. El 2 % a combatir la pobreza material y el 10 % a la lucha contra el paro juvenil. Vamos, claramente, a la compra el voto emigrante.