La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha publicado las bases del Programa Integrado de Orientación, Formación e Inserción dirigido a trabajadores y trabajadoras desempleadas en Castilla y León. CCOO cree que será la primera de las convocatorias con las que la Consejería, dirigida por un consejero de Vox, "va a definir las políticas activas de empleo para nuestra Comunidad sin ningún tipo de negociación ni consulta con quienes mejor conocemos el mercado de trabajo que somos empresarios y sindicatos". El resultado será, "sin duda, políticas activas alejadas de las necesidades de las personas, marcadas por un perfil ideológico contrario a los servicios públicos y abiertas a convertir en un negocio, sin reglas, el mejor instrumento existente para la obligada adaptación de trabajadores y trabajadoras a las nuevas situaciones laborales", afirma el sindicato en un comunicado.

"El perjuicio de una política activa de empleo ideologizada y desregulada lo notarán, en primer lugar los desempleados y desempleadas que tendrán que formarse en centros que no estarán obligados a demostrar la calidad de la formación que impartan. Ni siquiera estarán obligados a demostrar que cuentan con las instalaciones adecuadas para impartir la formación que soliciten. Tampoco tendrán que estar registrados en ningún Registro del Sistema Nacional de Empleo que es el que acredita la aptitud de los centros formativos", afirman. Para CCOO, "no se improvisa de la noche a la mañana un taller, una nave, ni siquiera un aula con todas las licencias de los programas informáticos necesarias para impartir un curso".

"Es cierto que esta decisión puede tener un cierto sustento en sentencias judiciales, pero lo cierto es que es el resultado de la dejación de la Junta de Castilla y León que se ha negado sistemáticamente a presentar recurso contra las decisiones judiciales que han promovido entidades privadas bajo el sospechoso motivo de la libertad de empresa. Esta situación se la debemos especialmente a los responsables de Ciudadanos que no trataron de detener esta judicialización de una cuestión que sólo debería ser competencia de la Administración ya que se trata de poner en marcha políticas públicas con criterios claros y razonables. Ahora el único criterio existente es que debe de haber “café para todos” sin reparar en que la calidad de los servicios es lo único que debería contar", explican.

Perdemos todos

En este sentido, "también es cierto, que CCOO pierde en este envite, ya que una parte de la formación y de la orientación a personas trabajadoras y desempleadas se lleva a cabo por la Fundación para el Empleo y la Formación (Foremcyl) de CCOO de Castilla y León. La Fundación ha cumplido ya 30 años de vida, con lo que acumula una gran experiencia, y tiene el mejor porcentaje de inserción laboral de nuestra Comunidad con más de un 20% de las personas orientadas trabajando al finalizar su orientación. Pero es que Foremcyl lleva muchos años siendo adjudicataria de los programas de formación y orientación laboral en competencia con otras empresas.

Eliminación de la orientación

"El colmo de los despropósitos de esta Consejería", denuncia CCOO, es la eliminación de los programas de orientación para ocupados y desempleados. "Éste último, está dotado con 12 millones de euros y se convocaba en concurrencia competitiva.  Lo estaban llevando a cabo diez entidades, entre ellas Foremcyl. Van a preferir devolver el dinero al Estado, que es quien dota económicamente esta actividad, antes de mantenerlo como estaba". Su apuesta es que los servicios públicos de empleo realizarán esta orientación que, tan sólo en Foremcyl ha tenido el último año más de 6.000 usuarios y usuarias, 20.000 entre todas las entidades. "Sería necesario estar contratando y formando decenas de orientadores y orientadoras en los servicios públicos de empleo desde ahora mismo para responder a la demanda que se originará cuando en febrero de 2023 concluya el programa, que aún está vigente. Y recordamos que es un derecho de los trabajadores y trabajadoras que ninguna opción ideológica tiene posibilidad de arrebatar sin consecuencias legales", argumenta el sindicato.