Agricultores en Villamayor de Campos (Zamora) ICAL
El campo de Castilla y León alerta: se pierden 7 millones de euros por cada 10 céntimos que sube el gasóleo agrario
La Comunidad afronta la campaña agropecuaria más cara de la historia con un precio del combustible que ya alcanza los 1,542 euros por litro.
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Castilla y León afronta la campaña agropecuaria más cara de la historia con un precio del combustible que ya alcanza los 1,542 euros por litro, lo que supone un sobrecoste de siete millones de euros por cada diez céntimos de subida.
Así lo ha denunciado la organización agraria COAG, que ha pedido al Gobierno que establezca un tope al precio del gasóleo agrícola para frenar la escalada de costes que asfixia al sector.
Según los datos de la organización, el precio de este combustible ha subido un 95,63 por ciento en lo que va de año, impulsado por los efectos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Esta tendencia ha provocado que el gasóleo B alcance ya los 1,542 euros por litro, un incremento que ha diluido por completo los 20 céntimos de subvención aprobados anteriormente por el Ejecutivo para paliar los efectos del conflicto bélico, según han criticado desde COAG.
Además, subrayan que Castilla y León se encuentra inmersa en la campaña más importante del año y "la más cara de la historia".
El impacto económico es masivo para los profesionales de la región, ya que por cada 10 céntimos que las operadoras elevan el precio, la factura del combustible se incrementa en 7 millones de euros para el campo regional.
Además, la organización denuncia el fenómeno conocido como "efecto cohete-pluma", mediante el cual las operadoras suben los precios de forma inmediata ante las crisis pero los bajan con extrema lentitud cuando el mercado se estabiliza, manteniendo así altos niveles de beneficio de forma especulativa.
Para solucionar esta situación, COAG propone una intervención del mercado de manera racional y negociada, siguiendo modelos de países como Francia.
La propuesta incluye topar únicamente el beneficio de las operadoras y aplicar esta medida de forma exclusiva a sectores estratégicos como el agropecuario, el transporte o la distribución.
La organización insiste en que este control debe activarse solo en situaciones de crisis como la actual y mediante acuerdos con las compañías, garantizando así la viabilidad de las explotaciones sin riesgo de desabastecimiento.
