Si ayer hacían balance del año agrario en un ejercicio muy malo sobre todo para el cereal, la Alianza UPA-COAG analiza hoy qué ha pasado en 2023 con los polémicos ataques de los lobos a las reses de Castilla y León.

Estas organizaciones agrarias denuncian que "aún hay ganaderos que llevan desde septiembre sin cobrar sus indemnizaciones" por las pérdidas ocasionadas por los ataques del lobo en sus explotaciones ganaderas. Unas cuantías que "provienen del Gobierno central para compensar a los ganaderos de cada comunidad autónoma" tal y como se aprobó en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del pasado 22 de julio de 2022 y dentro de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo.

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Así, el coordinador de COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera, calcula en "cuatro millones de euros el importe total de las pérdidas" ocasionadas por las agresiones de estos grandes cánidos en las reses de los ganaderos.

Un 2023 que "se prevé cierre con más de 5.000 cabezas muertas en la Comunidad, de las que sólo 1.717 ataques corresponderían a ganaderías de la provincia de Ávila (con un 40% del total), una de las más perjudicadas junto con Segovia y Zamora".

Unas agresiones naturales que, según un comunicado de esta alianza, continúan sucediéndose en la comarca abulense de Pinares con pérdidas " de miles de euros" para los ganaderos y que "se han incrementado en un 30%" desde que entró en vigor la inclusión de este animal en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

A este respecto, tanto UPA-COAG celebra la reciente propuesta de la Comisión Europea de rebajar la protección al lobo "lo que permitirá tener un mayor control poblacional de este animal". Sin embargo, al no ser un mandato sino una recomendación sin carácter vinculante, tendrán que ser los Estados miembros los que adopten la última decisión.

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En este sentido, desde UPA-COAG piden que las Administraciones adopten las medidas de protección necesarias para el lobo "pero por territorios, dado que en Castilla y León, por el número de ataques que hay es evidente que no está en peligro su supervivencia".

Puede estar en peligro de extinción en Canarias o Melilla, pero no en Castilla y León por lo que habría que especificar dónde debe tener una especial protección.

Según datos de la propia Junta de Castilla y León, de 2015 a 2022 se han duplicado los ataques de estos cánidos a reses de ganaderos en la Comunidad, pasando de cerca de 1.500 a 3.000 ataques el año pasado.

Por estos motivos, la Alianza UPA-COAG reclama desde Ávila, una de las provincias más afectadas, que el Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica "flexibilice la norma para que desaparezca la protección especial a los lobos", vigente en la actualidad.