Castilla y León, junto a Andalucía, Madrid, Galicia y Murcia (todas ellas gobernadas por el PP) ha pedido hoy al Gobierno de Pedro Sánchez que retire el Decreto Ley de ahorro energético tras la reunión telemática que han mantenido hoy las ministras de Transición Ecológica y de Industria, con las comunidades autónomas.

Una reunión a la que han acudido el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; el titular de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones; y el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja.

Carriedo ha pedido que se favorezca "la participación de las corporaciones locales y de los sectores productivos", para poner el énfasis "en los incentivos y no en las sanciones", mientras Veganzones ha tildado la reunión de "inútil" ya que "el Gobierno no ha atendido ni una sola petición ni resuelto ninguna duda técnica". "Ha sido todo un paripé al servicio de Sánchez", ha añadido.

La Junta de Castilla y León considera "esencial establecer una seguridad jurídica y mecanismos adecuados para apoyar a las industrias y corporaciones locales en materia energética", además de efectuar las modificaciones normativas necesarias para "apoyar la cogeneración y a las industrias electrointensivas".

Sin embargo, la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya ha dejado claro que la norma sigue adelante y que espera "las propuestas concretas" de las comunidades autónomas que se han comprometido a ello. Unas propuestas sin apenas margen de maniobra para los Ejecutivos regionales dado que la Ley entrará en vigor en apenas día y medio.

Entre otras cosas, este Real Decreto Ley contempla que los edificios públicos, comercios, hoteles y espacios culturales limiten su temperatura de aire acondicionado a 27 grados y de la calefacción a 19. Por su parte, los comercios deberán apagar sus escaparates a las 22:00 horas y cerrar sus puertas cuando tengan la calefacción o el aire acondicionado puesto. Unas medidas polémicas que los gobiernos del PP cumplirán, pero que esperan puedan ser derogadas por el Tribunal Constitucional, a pesar de que la ministra Ribera ha adelantado que, al pequeño comercio, se le permitirá disponer hasta final de este mes para adaptarse a las nuevas normativas.

Además, la Ejecutiva del PP nacional ha vuelto a trasladar a las ministras Ribera y Maroto la necesidad de convocar una reunión de la Conferencia de Presidentes, tal y como lo exigió ayer mismo su líder nacional, Núñez Feijóo. 

Mañueco acatará la norma pero no descarta recurrirla

En medio de la polémica suscitada por el anuncio de los Gobiernos de Madrid y País Vasco, que en un primer momento aseguraron que no cumplirían esta norma al considerar que, entre otras, vulneraba competencias autonómicas, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco acordó con su vicepresidente, Juan García-Gallardo, cumplir la Ley pero "solicitar los informes jurídicos pertinentes" para valorar recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, tal y como el propio número dos del Ejecutivo aseguró en redes sociales.

El presidente de la Junta lamentó que Pedro Sánchez "gobierne a golpe de decreto" y le exigió "diálogo, participación y consenso". Unas demandas que no han servido para que el Ejecutivo nacional haya movido un ápice su posición.