Economía Las diputaciones de Ávila, Salamanca y Valladolid tienen un organismo específico de recaudación y las otras seis prestan el servicio integrado en la organización provincial.Este informe aprobado por el Consejo de Cuentas es una fiscalización de carácter operativo, cuyo objetivo general es examinar la eficacia de la gestión recaudatoria que desempeñan las diputaciones provinciales para los ayuntamientos, en función de las actuaciones, medidas y procedimientos adoptados para llevarla a cabo, así como el coste que genera.

El Consejo de Cuentas da luz verde al informe de gestión de las nueve diputaciones de Castilla y León

12 julio, 2021 15:44

El pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León aprobó hoy, en su reunión en Segovia, los nueve informes que analizan la eficacia y eficiencia de la gestión recaudatoria en cada una de las diputaciones provinciales de la comunidad, y emitió un total de 96 recomendaciones. Más del 95 por ciento de los municipios delega a las diputaciones la gestión tributaria y recaudatoria. Las instituciones provinciales de Zamora, Segovia y Burgos, por los ingresos obtenidos por la tasa de prestación del servicio de recaudación, superan a los costes que genera la gestión.

En periodo voluntario, los indicadores del grado de recaudación son muy altos en todas las diputaciones, alrededor del 90 por ciento de lo puesto al cobro, que suma 476 millones de euros. En fase ejecutiva, ronda el 30 por ciento en el conjunto de las nueve instituciones. Las diputaciones de Ávila, Salamanca y Valladolid tienen un organismo específico de recaudación y las otras seis prestan el servicio integrado en la organización provincial.

Este informe aprobado por el Consejo de Cuentas es una fiscalización de carácter operativo, cuyo objetivo general es examinar la eficacia de la gestión recaudatoria que desempeñan las diputaciones provinciales para los ayuntamientos, en función de las actuaciones, medidas y procedimientos adoptados para llevarla a cabo, así como el coste que genera. El periodo al que se refieren las actuaciones fiscalizadoras es el ejercicio 2019.

Sobre el coste y rendimiento del servicio, a juicio del Consejo de Cuentas, las Diputaciones de Salamanca, León, Segovia y Burgos son las que perciben más ingresos por la tasa del servicio de gestión recaudatoria que prestan a los ayuntamientos. Estas mismas entidades, salvo Burgos y añadiendo Valladolid, son las que registran también mayor ingreso por municipio. Las que menor ingreso por municipio tienen son Ávila, Soria y Burgos.

Las diputaciones donde se dan los mayores gastos por prestar el servicio son las de León, Salamanca, Ávila y Valladolid, siendo también las que registran mayor coste por municipio. Finalmente, las diputaciones en las que los ingresos obtenidos por la tasa superan el coste del servicio son Zamora, Segovia y Burgos.

En función del resultado de los nueve informes realizados, el Consejo de Cuentas emitió un total de 96 recomendaciones dirigidas a las diputaciones con la siguiente distribución: Ávila 12; Burgos 11; León 10; Palencia 12; Salamanca 10; Segovia 11; Soria 10; Valladolid 9; y Zamora 11. Salvo algunas recomendaciones de carácter singular, en la mayoría de los casos contemplan aspectos bastante comunes orientadas a mejorar los procedimientos y corregir las principales deficiencias detectadas.

El informe estudia las diversas áreas, materias o procedimientos relacionados con la gestión tributaria y recaudatoria de las diputaciones. La fiscalización supone, destacaron desde el Consejo, el manejo de una gran cantidad de datos porque las nueve diputaciones gestionan la recaudación de unos 2.200 ayuntamientos en la Comunidad.

Las auditorías realizadas llevan “el tratamiento de la información y en la obtención de indicadores que permitiesen el análisis comparativo, ya que los programas de recaudación son, por lo general, bastante deficitarios para explotar la información”. En este sentido, se trata de una fiscalización novedosa, al no existir precedente de actuación de este tipo comparativa y con indicadores agregados sobre la gestión recaudatoria de las diputaciones, por parte de las instituciones de control externo de España.

Al tratarse de una fiscalización que analiza la eficacia en la gestión, son escasas las conclusiones sobre aspectos de legalidad. En la Diputación de Ávila se constató la externalización de casi todas las funciones de gestión tributaria y recaudatoria, a pesar de que tienen un organismo autónomo creado, aunque con escasa dotación de personal. Al respecto, el Consejo recomendó la debida gestión directa.

En la Diputación de Burgos, varias entidades financieras colaboran en materia de recaudación y aquí la recomendación es que “dichos servicios prestados no sean remunerados y advierte de que en ningún caso las entidades de crédito pueden adquirir el carácter de órgano de recaudación.

Las diputaciones de Ávila, Salamanca y Valladolid tienen un organismo específico de recaudación. El resto prestan el servicio integrado en la organización provincial. Las diputaciones con más personal asignado a la prestación del servicio de gestión tributaria y recaudación son las de León y Salamanca y, con menos, las de Ávila, Soria y Palencia. La mayoría de las diputaciones contratan servicios relacionados con la gestión tributaria, como los postales, bancarios, de impresión, de atención al contribuyente y de mantenimiento de aplicaciones o plataformas.

Un porcentaje superior al 95 por ciento de los municipios de cada provincia delega a las diputaciones las facultades de gestión tributaria y recaudatoria. Por su parte, es muy habitual la delegación de la gestión en sentido amplio, esto es, de la gestión, liquidación, recaudación e inspección, así como son mayoritarios los casos en los que se delega tanto la recaudación voluntaria como la ejecutiva.

Gestión Recaudatoria



En periodo voluntario, los indicadores del grado de recaudación son muy altos, alrededor del 90 por ciento de lo puesto al cobro, en todas las diputaciones, alcanzando las siguientes cifras: Ávila 48 millones de euros; Burgos 63; León 103; Palencia 30; Salamanca 73; Segovia 46; Soria 22; Valladolid 54; y Zamora 34 millones. En fase ejecutiva, sin embargo, el grado de recaudación es muy bajo en todas las diputaciones y tributos, apenas el 30% sobre la suma total de las nueve instituciones. Coincide además que todas tienen deudas elevadas pendientes de ejercicios anteriores

Las diputaciones de León, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora cuentan con una ordenanza general de gestión tributaria y recaudatoria. A excepción de Salamanca, las otras ocho cuentan con una ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recaudación. Con carácter general, las diputaciones, con la participación de la Federación Española de Municipios y Provincias, tienen formalizados con organismos de la Administración estatal convenios de colaboración en la gestión tributaria.

Además cinco diputaciones de la Comunidad suscriben también convenios de colaboración con la Administración autonómica, sobre servicios de pago telemático, mientras que no consta que ninguna diputación haya formalizado convenios de colaboración con otras administraciones locales. Por otra parte, diferentes entidades financieras colaboran en materia de recaudación.

Las actuaciones de comprobación y verificación se realizan muy escasamente por parte de las diputaciones. En relación con los procedimientos de inspección, generalmente relacionados con el Impuesto de Actividades Económicas, tan solo cuatro diputaciones (Ávila, Salamanca, Segovia y Valladolid) los desarrollan.

La interposición de recursos de reposición es habitual en relación con la gestión tributaria y recaudatoria que llevan a cabo las diputaciones, resolviéndose estos de forma mayoritaria a favor del recurrente. Las Diputaciones de Ávila y Palencia no llevan el módulo contable de gestión recaudatoria para los municipios, registrándose las operaciones extrapresupuestariamente.

Otro aspecto común, relacionado también con la baja recaudación en ejecutiva, es el bajo número de actuaciones de apremio y embargo y el alto grado de créditos que se declaran incobrables. En algunos casos, se cobran a los ayuntamientos las costas originadas en el procedimiento tributario, cuando la normativa prevé que se carguen a los sujetos pasivos. Esto es especialmente acusado en Zamora, donde incluso así lo establece su ordenanza, aspecto que el Consejo de Cuentas recomendó modificar. A las instituciones provinciales de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca y Valladolid recomendó que cobren más costas a los sujetos pasivos.