El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León ha recordado el compromiso del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, MITMA, de tratar por igual las inversiones en los corredores Atlántico y Mediterráneo en el reparto de los fondos dedicados a las políticas de movilidad procedentes de los Fondos del Plan de Recuperación, aunque, según Suárez-Quiñones, “debería primarse el Corredor Atlántico, ya que presenta mayores retrasos en su infraestructura, por lo que ha sido inflexible en la exigencia de reclamar al menos la igualdad en las inversiones”.

Asimismo, el consejero ha puesto de manifiesto la necesidad de participar en la definición de las inversiones a realizar en Castilla y León, “pues se trata de actuaciones prioritarias que requieren del consenso con las comunidades autónomas, tal y como siempre hemos defendido y se puso a disposición del Gobierno de España para participar conjuntamente en la determinación de las necesidades prioritarias para Castilla y León”.

Fundamentalmente ha recordado Suárez-Quiñones la necesidad de abordar las limitaciones en la red ferroviaria de Castilla y León y los déficits estructurales existentes en las infraestructuras ferroviarias (cuello de botella del Manzanal en la línea León-Ponferrada, intermodalidad en el polígono logístico de Torneros, reapertura de la Línea Aranda de Duero-Madrid, conexión Ávila-Madrid, Soria-Torralba y Soria-Castejón, entre otras) y demás actuaciones consideradas como prioritarias para Castilla y León y que se han puesto de manifiesto en los documentos que han sido remitidos al Ministerio y la Unión Europea -Master Plan Macrorregión RESOE o documento de prioridades de Castilla y León en materia de Transportes y Logística (posición de Castilla y León ante en la revisión del Reglamento UE 1315/2013)-.

Críticas al reparto de fondos a las comunidades autónomas

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana recibirá 11.200 millones de euros de los Fondos ligados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los que se reserva para su utilización directa 7.600 y destina tan solo 1.520 millones de euros a la partida de fondos asignados a Comunidades Autónomas para sus proyectos de inversión –de los cuales 510 se destinan como ayudas a empresas del sector-, lo que ha provocado la crítica del consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Suárez-Quiñones ha reprochado que esta significativa reducción del importe a repartir a las comunidades autónomas para sus proyectos de inversión es “claramente insuficiente, y supondría la reducción de algunos proyectos subvencionables”.

El consejero ha destacado además el hecho de la vinculación del montante más importante, 900 millones de euros, a zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes, lo que supone una penalización a la movilidad rural. Por ello ha destacado la necesidad de trabajar en la incorporación de otros parámetros como es la extensión territorial, dispersión de la población y el coste efectivo de la prestación de los servicios que penalizan al mundo rural, donde “la Junta de Castilla y León tiene en funcionamiento el modelo de movilidad más sostenible y eficiente como es el transporte a la demanda”, ha recordado Suárez-Quiñones.

Fondos COVID y recuperación e servicios ferroviarios

De otro lado, el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha planteado al Ministerio la necesidad de mantener los fondos COVID para el transporte de viajeros por carretera rural, para complementar las subvenciones que otorga la Junta de Castilla para el transporte rural, algo que ha tenido una respuesta favorable del MITMA.

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha planteado también en la Conferencia Sectorial de Transportes la necesidad de recuperar los servicios ferroviarios que han sido suprimidos, sobre todo el Tren Hotel Vigo-Barcelona, servicios de Zamora-Madrid (de manera inmediata el de primera hora de la mañana) y demás servicios ferroviarios en líneas de altas prestaciones y media distancia de Castilla y León.

Por último, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León ha solicitado que se aparque la pretensión del cobro de peajes por la circulación en autovías y otras carreteras que no sean autopistas.