Una profesora dando una clase a sus alumnos en una foto de archivo. EFE
Un instituto de Castilla y León obliga a sus alumnos a revelar su identidad sexual en una polémica encuesta
El Procurador del Común alerta a la Consejería de Educación de una “vulneración grave de la intimidad” de estos escolares de 13 años. La Junta se defiende: la profesora que la promovió se encuentra de baja y la iniciativa no fue comunicada ni aprobada.
Más información: El Procurador del Común pide reforzar el transporte escolar y corregir las diferencias en la espera diagnóstica
El Procurador del Común de Castilla y León ha emitido una resolución en la que advierte de una “clara intromisión en el derecho a la intimidad” de un grupo de estudiantes de 3º de ESO, de entre 13 y 14 años, tras la realización de una encuesta por parte de su tutora con preguntas relativas a su identidad y orientación sexual.
El caso se destapó después de que las familias denunciaran que los cuestionarios, inicialmente planteados como anónimos, finalmente obligaban a los alumnos a poner su nombre. Unos cuestionarios que ahora no aparecen.
No se puede saber en qué centro educativo ni en qué provincia ha ocurrido ya que desde el Procurador Común no se ofrecen estos datos amparándose en la ley de protección de datos para esta, y otro tipo de resoluciones.
Entre las preguntas figuraban cuestiones como “¿Cuándo te diste cuenta de que eras heterosexual?”, “¿No crees que es una moda ser heterosexual?” o “¿Qué opinan tus padres de que lo seas?”.
Había más preguntas polémicas que llamaron la atención de los propios alumnos: “¿Cómo sabes que te gustan las personas de distinto sexo si nunca has probado con alguien del mismo sexo?”, “¿Qué opinan tus padres de que seas heterosexual?”,
“¿Por qué los heterosexuales hablan tanto de sus parejas?” y “¿Te sientes atraído por cualquier persona del sexo opuesto?, son otras de las cuestiones.
Así, según manifestaciones del autor de la queja, en un primer momento, los cuestionarios se iban a realizar de forma anónima pero, finalmente, se obligó a los alumnos a identificar el de cada uno con su nombre.
Según consta en el expediente, varios estudiantes mostraron su malestar ante la dirección del centro tras completar la encuesta y algunas familias intentaron recuperarla sin éxito.
Respuesta de la Consejería
La Consejería de Educación ha confirmado en su repuesta al PC del 18 de agosto que la profesora que la promovió se encuentra de baja laboral desde febrero de 2025 y que la iniciativa no fue comunicada ni aprobada por el equipo directivo ni por el departamento de orientación.
La docente, antes de su baja, defendió que su objetivo era “hacer reflexionar sobre el respeto a las diferentes identidades sexuales”.
![La secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO Castilla y León, Yolanda Martín; la responsable de la Fundación Triángulo, Yolanda Rodríguez, y el responsable del área de LGTB de CCOO Castilla y León, Chema Domingo](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2022\/05\/17\/actualidad\/673192795_224357965_320x180.jpg"])
En el informe de la Consejería de Educación también se señala que, en el mes de junio de 2025, la madre de una de las alumnas se puso en contacto tanto con la dirección del centro como con la Inspección, manifestando su disconformidad sobre una encuesta.
En la cual se hicieron preguntas a alumnos de 3º curso de ESO sobre su identificación o determinación sexual, sin que se hayan producido más solicitudes de aclaraciones u otras peticiones por parte de las familias.
En su resolución, el Procurador del Común recuerda que el artículo 18 de la Constitución protege el derecho fundamental a la intimidad personal y que, en este caso, los menores no dieron un consentimiento válido ni se justificó la finalidad educativa de la actividad.
Paradero de los cuestionarios
Por ello, insta a la Consejería de Educación a "verificar los hechos y determinar el paradero de los cuestionarios".
También a garantizar que no se produzca su difusión y que sean devueltos a los alumnos y abrir las investigaciones oportunas para depurar posibles responsabilidades disciplinarias.
El órgano autonómico presidido por Tomás Quintana concluye que la encuesta pudo haber supuesto una “vulneración grave de la intimidad” de los estudiantes y solicita a la Consejería de Educación que, en un plazo máximo de dos meses, comunique si acepta o rechaza las recomendaciones.
