"Los precios de Movistar Fusión serán precios finales y para siempre". Así anunciaba Movistar su paquete de precios a sus usuarios. Una ventaja que aparece incluso en el contrato que el cliente firma de cara a mantener una relación de larga duración con la compañía. Sin embargo, en estos últimos meses se han acumulado una larga lista de subidas de precios a las que se sumará un nuevo suplemento el próximo mes de febrero. 

En total, la compañía ha subido hasta en cuatro ocasiones los precios de su paquete Movistar Fusión desde mayo de 2015. En total, algunos espectadores ya pagan más de 166 euros por ver lo que hasta hace poco veían por menos de 150 euros. En aquel mes recibieron una subida de cinco euros, pero no sería la primera. 

La segunda subida de tres euros tuvo lugar en enero de 2015. La tercera subida, que iba de dos a cinco euros, fue en julio de este mismo año. De nuevo, la compañía ha anunciado una subida de cinco euros para el próximo mes de febrero. 

Ante estos hecho, la asocación de consumidores FACUA presentó una denuncia a la Comunidad de Madrid que ha terminado con una ridícula sanción de 30.000 euros, zanjando así el expediente sancionador que se había abierto. Mucho menos dinero de lo que ha ganado Movistar en estos últimos meses con la subida de precio. 

Según las estimaciones de la asociación, la compañía ha ingresado ya alrededor de 630 millones de euros extra con las sucesivas subidas de Movistar Fusión. De ellos, unos 400 millones han sido consecuencia del primer incremento, que en el caso de los clientes que residen en Comunidad de Madrid supone alrededor de 55 millones.

Más de 4.000 socios de FACUA están personados en la causa, que se tramita en el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid y cuya audiencia previa se celebrará el próximo 7 de marzo. Se trata del caso con mayor número de afectados en los tribunales por un fraude en el sector de las telecomunicaciones.

Si FACUA logra una sentencia favorable, el juez ordenará la anulación de las sucesivas subidas, de manera que la compañía tendría que volver a aplicar los precios vigentes antes de mayo de 2015 y devolver a los usuarios personados en la causa todo el dinero que les haya cobrado de más hasta la finalización del procedimiento.