El partidismo ciego promueve la tiranía

"La omnipotencia me parece en sí una cosa mala y peligrosa. Su ejercicio me parece superior a las fuerzas del hombre, quienquiera que sea, y no veo sino a Dios que pueda sin peligro ser todopoderoso, porque su sabiduría y su justicia son siempre iguales a su poder. No hay, pues, sobre la tierra autoridad tan responsable en sí misma, o revestida de un derecho tan sagrado, que yo quisiere dejar obrar sin control y dominar sin obstáculos. Cuando veo conceder el derecho y la facultad de hacerlo todo a un poder cualquiera, llámese pueblo o rey, democracia o aristocracia, digo: Aquí está el germen de la tiranía, y trato de ir a vivir bajo otras leyes". Alexis de Tocqueville, Democracia en América (1835). 

Un prerrequisito mínimo necesario para que pueda existir una democracia formal es la existencia de tres poderes, cada uno diferenciando y separado del otro, con funciones propias. El judicial, encargado de la aplicación de las leyes y la resolución de los conflictos; el legislativo, que aprueba las leyes y controla al gobierno; y el ejecutivo, que ejerce la tarea de gobierno en base a lo dispuesto en las leyes.

Desde el momento en que un poder se sitúa por encima de los otros dos y se atribuye sus funciones de alguna forma, se rompe la separación de poderes y la democracia formal desaparece.

La utilización del PSOE de un Real Decreto-Ley para exhumar los restos de Franco y modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, eliminando el papel del Senado, nos recuerdan esta situación y reflejan las carencias democráticas que existen en España.

El Decreto Ley es una medida extraordinaria que permite que una norma la apruebe el poder ejecutivo en lugar del legislativo, lo que supone una grave ruptura del principio de separación de poderes. Por ello, la Constitución detalla explícitamente sus límites. 

Según el artículo 86.1: “En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las CC.AA. ni al Derecho electoral general”.

Con respecto a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno aún no ha confirmado el uso de un Decreto-Ley para modificarla (por ser una Ley Orgánica), sin embargo es probable que utilice otro mecanismo de urgencia y lectura rápida, restando así fuerza igualmente al poder legislativo.

Con respecto a la exhumación de los restos de Franco, el Decreto-Ley que lo regula ya ha sido aprobado y convalidado, no se trata de una hipótesis. Es difícil considerar este asunto como “urgente necesidad”, en tanto los restos del dictador llevan allí varias décadas y no parece que al Estado le haya afectado lo más mínimo, ni que le haya impedido seguir con su normal funcionamiento. Estamos así ante un flagrante caso de inconstitucionalidad, y especialmente grave, al profundizar la subordinación del poder legislativo al poder ejecutivo por medios ilegales. De esta manera se confirma la primacía del ejecutivo sobre el resto de poderes, y con ello, damos un paso más hacia la tiranía de la que paradójicamente buscamos alejarnos. Este es el verdadero debate, al margen de si personalmente estamos de acuerdo o no con la propia exhumación.

Esta diferencia no se percibe así por gran parte de la sociedad ni de la clase política, especialmente las consideradas de izquierdas. Ante la evidencia de los hechos, ante un claro caso de inconstitucionalidad, el PSOE no duda en aprobarlo y Podemos en apoyarlo, los mismos que hasta hace muy poco lanzaban acertadas acusaciones contra el anterior ejecutivo del PP (o incluso contra el propio PSOE) por motivos idénticos.

En lugar de vivir en una sociedad crítica donde siempre se esté alerta ante los excesos antidemocráticos de cualquier gobierno y su tendencia hacia el autoritarismo, tal labor de vigilancia solo se activa imparcialmente cuando gobierna un partido contrario a la propia ideología. Supeditan así la defensa de la democracia a la defensa del partido. El mantenimiento de los valores democráticos tales como la separación de poderes, la libre y verdadera elección por parte del pueblo de sus representantes políticos o el respeto a la ley democráticamente aprobada que no contravenga los Derechos Humanos (lo único que verdaderamente defiende al ciudadano de la arbitrariedad del gobernante). Para ellos no es más que una herramienta a activar o desactivar en función de sus intereses y estrategias partidistas. Lo mismo a derecha que a izquierda, en un constante ciclo destructivo.

¿Quién defiende entonces a la democracia? Por seguro no los cegados por el partidismo. Esos que sueltan sermones cuando el partido contrario comete una ilegalidad, pero guardan silencio cuando el culpable es el propio. Ellos son, intuyo que sin saberlo, los cooperadores necesarios de la tiranía.