Esther Linares Sánchez, Secretaría de Política sindical y diálogo social de UGT Aragón
El legítimo derecho a la huelga es un pilar democrático indiscutible para cualquier colectivo laboral. Y también es incuestionable que, cuando este derecho se ejerce a través de convocatorias indefinidas en el seno de la sanidad pública, los problemas toman otra dimensión.
En un escenario donde la deficiente gestión sanitaria ya ha cronificado unas listas de espera insoportables —provocando una preocupante fuga de pacientes y dinero público hacia el sector privado —, la alteración de los servicios y la programación hospitalaria impacta directamente sobre el eslabón más vulnerable: la población de Aragón.
El inicio de una nueva semana de huelga médica estatal es una muestra de ello: en su primer día, los paros provocaron la suspensión de 127 intervenciones quirúrgicas en los hospitales públicos de Aragón, tensionando aún más una atención ya de por sí sobrecargada.
Nadie pone en duda que la sanidad aragonesa arrastra serias deficiencias organizativas, funcionales y de planificación.
También es evidente la necesidad de actualizar un Estatuto Marco que data de 2003 y que ha quedado obsoleto. Y también es fundamental establecer que el nivel de exigencia, la responsabilidad y el desgaste físico y mental del personal médico deben ser reconocidos y retribuidos de forma justa y proporcional. Pero el camino para lograrlo no puede ser la ruptura de la solidaridad laboral ni el blindaje de privilegios exclusivos que debiliten el sistema común.
Una de las principales reclamaciones de las recientes movilizaciones médicas busca la creación de un Estatuto propio para negociar de espaldas al resto de los profesionales del sistema.
Esta pretensión quiebra un principio fundamental: la salud de un paciente es el resultado del engranaje de todo un equipo humano. El agotamiento y la penosidad de una guardia larga no distinguen de categorías profesionales.
El descanso necesario, la jornada semanal y el derecho a conciliar o a pasar un duelo por el fallecimiento de un familiar deben ser exactamente iguales para una médica que para una celadora o una enfermera. La división por colectivos debilita la capacidad de negociación global; la verdadera fuerza para transformar la sanidad radica en sumar fuerzas, no en levantar parcelas.
En realidad, la comunidad médica no es la única que exige mejoras legítimas de forma urgente. Los TCAE (técnicos en cuidados auxiliares de enfermería) y los técnicos superiores sanitarios (TSS) también han anunciado jornadas de huelga para reclamar al Ministerio de Hacienda su postergada reclasificación profesional, lo que evidencia que el malestar y las deudas históricas afectan a todos los estamentos del sector.
La respuesta a estas demandas transversales no puede ser la negociación atomizada por categorías del personal del SALUD.
De igual manera, resulta sumamente alarmante la insistencia en desvincular al personal médico de la ley de incompatibilidades para legitimar de forma generalizada la doble dedicación pública y privada.
La incompatibilidad o dedicación exclusiva no es un capricho burocrático, sino un compromiso ético y profesional con la sanidad pública. En el sector privado, nadie entendería que un alto directivo de una multinacional de refrescos o de comida rápida trabajase simultáneamente para su competencia directa.
En Aragón, la autorización para que los jefes de servicio de los hospitales públicos ejerzan también en la privada abre una peligrosa puerta a conflictos de intereses reales o potenciales.
Quienes tienen la responsabilidad de planificar la actividad y gestionar los recursos públicos no deberían tener intereses económicos en el sector privado, especialmente cuando la falta de profesionales y el trasvase de pacientes son los problemas más acuciantes del sistema.
Afortunadamente, el diálogo social demuestra que hay vías de avance para todos. El nuevo Estatuto Marco que ya se negocia en las mesas sectoriales incluye mejoras sustanciales para toda la plantilla, como la reducción de las extenuantes guardias de 24 a 17 horas y el establecimiento de jornadas máximas de 45 horas semanales.
A nivel autonómico, el reciente acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el SALUD y los sindicatos médicos para desconvocar los paros en la comunidad y abrir un plazo de negociación con el nuevo consejero de Sanidad, aunque no ha logrado evitar la huelga, abre las puertas a la negociación que debería reconducirse a los cauces institucionales.
Las mejoras laborales y retributivas deben alcanzarse siempre en los espacios de representación democrática donde todo el personal del SALUD esté representado de forma proporcional. Alcanzar acuerdos bilaterales y exclusivos al margen debilita el marco común y fragmenta el servicio público. Muchos profesionales de la medicina así lo entienden y no comparten los postulados de una huelga que prima la división.
Defender la sanidad pública de Aragón exige defender una gestión eficiente, de calidad y, sobre todo, solidaria. Los derechos de los trabajadores de la salud se defienden juntos, porque la salud de los aragoneses se sostiene en equipo.
*Esther Linares Sánchez, Secretaría de Política sindical y diálogo social de UGT Aragón
