Marian Orós, concejala de Políticas Sociales de Zaragoza
La inmigración, es por muchos motivos una oportunidad que se ha convertido en un serio problema y la clave no está en el qué, sino en el cómo se gestiona esa acogida.
Vaya por delante que España es, y debe seguir siendo, un país acogedor. Los españoles entendemos, queremos y necesitamos inmigración ordenada.
La sociedad española ha demostrado durante décadas que sabe integrar, incluso en contextos complejos. En Zaragoza somos un buen ejemplo de ello. Aquí nadie cuestiona la acogida de quienes huyen de la guerra, de la persecución religiosa, ideológica o política; tampoco de quienes huyen de la miseria buscando una vida mejor.
Pero la gestión de la inmigración es una cuestión compleja. Requiere estudiar en detalle la situación de cada persona, el porqué cambia de país y qué deja atrás, qué puede aportar, qué necesita del país acogedor y cómo se le puede ayudar a integrarse.
También es entender qué hacer, cuando esta integración se ha demostrado imposible, cuando esa persona no viene a aportar y a cumplir a convertirse en un ciudadano más con sus derechos y obligaciones. Saltarse cualquiera de estos pasos no ayuda ni a estas personas ni al país que acoge.
El Gobierno de Pedro Sánchez lleva años aplicando una política migratoria de dejadez, que, tras dejar a miles de personas en la calle, intenta parchear con una regularización masiva, extraordinaria improvisada, desordenada y sin planificación alguna. Ni en procedimientos ni en gestión de consecuencias.
Sí, España necesita inmigración, también por razones económicas y demográficas, pero necesita hacerlo bien. No basta con abrir procesos masivos sin criterios ni recursos. Cuando no se acompaña de políticas reales de empleo, vivienda e inclusión, el resultado no es integración, es precariedad. Y esa precariedad se traslada a los barrios, a los servicios públicos y a la convivencia diaria.
Todos lo estamos viendo y viviendo. En los últimos años, el sistema estatal ha funcionado a base de improvisación, con llegadas que no se corresponden con una capacidad de acogida que infrafinancia el Estado a través de entidades sociales que malamente pueden asumir la tarea, de la mano de procedimientos administrativos que se eternizan.
Muchas personas pasan por recursos temporales durante unos meses y después quedan fuera, sin papeles y sin alternativas. A partir de ahí, la realidad es conocida. Personas que no pueden trabajar, que no pueden alquilar una vivienda y que acaban recurriendo a los servicios sociales municipales o, en el peor de los casos, durmiendo en la calle.
Hoy, el 80% de las personas sin hogar en Zaragoza son extranjeras y el 93 % de ellas están en situación irregular. Y para más inri acogemos diariamente también entre 20 y 50 personas con derecho a protección internacional, con derecho a recursos estatales responsabilidad directa y exclusiva de un Gobierno de España que mira hacia otro lado.
Porque no se trata de un fenómeno aislado. Lo mismo está ocurriendo en Barcelona, Madrid, Valencia o Bilbao, y con cifras mucho mayores que las de Zaragoza. Ciudades con gobiernos de distinto signo político que están afrontando una presión creciente sobre sus recursos de acogida y atención social, sin que el Estado asuma mínimamente su responsabilidad, mediante procesos claros y recursos económicos y humanos.
La tasa de pobreza de España es del 25,7%, en Zaragoza 8,4 puntos por debajo de esa media pero en el caso de la población extranjera extracomunitaria la tasa de pobreza supera el 50%. La gestión irresponsable de la inmigración y la integración tiene consecuencias.
En Zaragoza, pese a tener una tasa de sinhogarismo muy inferior a la media nacional, se ha incrementado los últimos años, en línea con lo que sucede en el conjunto del país.
Ciertamente, la gran red de servicios sociales con los que contamos, que estamos ampliando notablemente, logra paliar mejor las consecuencias. Pero nos encontramos, tanto el Ayuntamiento como las entidades, con cada vez más personas, más demanda en los servicios sociales, mayor dificultad para acceder a vivienda, recursos de emergencia tensionados y profesionales que trabajan al límite.
En este contexto, plantear una regularización masiva con un procedimiento improvisado, sin memoria económica ni coordinación con los ayuntamientos no parece una solución, sino un nuevo factor de incertidumbre y efecto llamada.
Los municipios somos quienes atendemos en primera línea. Somos los que gestionamos las emergencias sociales, los que acompañamos en los procesos de inclusión y los que respondemos cuando algo falla. Que el Gobierno Central desplace su competencia de ayudar a las personas en situación irregular a los Ayuntamientos sin financiación adicional ni planificación supone trasladar el problema a los propios vecinos.
En Zaragoza hemos hecho un esfuerzo importante en los últimos años. Hemos ampliado plazas de alojamiento, reformado y ampliado el Albergue y sus programas, hemos reforzado la colaboración con entidades sociales y se han puesto en marcha nuevos recursos para atender situaciones de vulnerabilidad. Más de 1 millón de euros este año para ayudar e integrar.
Pero ningún ayuntamiento puede asumir en solitario un fenómeno de esta magnitud. La inmigración es una competencia estatal y requiere una política coherente de principio a fin. Desde el control de fronteras hasta la integración efectiva, pasando por una gestión ágil del asilo y, cuando corresponda, políticas de retorno, expulsión o deportación que tampoco se están aplicando aún cuando lo marca la ley.
El debate debe centrarse en construir un modelo sostenible que funcione, uno que permita acoger con dignidad, formar y emplear y, al mismo tiempo, garantizar la convivencia y la cohesión social en ciudades como Zaragoza.
El Gobierno de Sánchez ha demostrado que su falso buenismo, sus discursos vacíos y, en último término, su irresponsabilidad y uso político de la migración, se concretan en el aumento de la pobreza y del sinhogarismo. Sin paliativos.
Porque, cuando triunfan los discursos vacíos y las políticas fallan, las consecuencias no se quedan en los despachos. Se ven en las calles, en los barrios y en la vida cotidiana de miles de personas.
Los Ayuntamientos seguiremos trabajando sin descanso para procurar a las personas que llegan ayuda, para fortalecer la integración y mejorar la convivencia.
Ahora bien, si no hay un cambio radical en las políticas migratorias alineadas con Europa, planificadas, financiadas y sostenibles, así como un trabajo coordinado con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, lo que es una oportunidad se enquistará como un problema grave y estructural.
Y eso exige no mirar hacia otro lado, que es exactamente lo que llevan haciendo Sánchez y sus socios los últimos ocho años.
