María Jesús Lorente, presidenta de CEPYME Aragón
Hay una realidad que parece no querer mirarse de frente: la economía española se sostiene sobre pymes exhaustas. Comercio, industria y restauración, pilares básicos de nuestra economía, afrontan 2026 con más presión, más costes y menos margen de maniobra que nunca. Y, sin embargo, el relato oficial insiste en hablar de fortaleza del mercado laboral y de buenos datos macroeconómicos que no se reflejan en la cuenta de resultados de las pequeñas empresas.
Desde CEPYME Aragón lo decimos con claridad: no basta con crear empleo si no se garantiza la viabilidad de quienes lo generan. Las cifras de afiliación y descenso del paro, aun siendo positivas en apariencia, no significan que las microempresas tengan hoy mayor capacidad de crecimiento ni que el empleo creado sea sostenible en el tiempo. Muy al contrario, la incertidumbre económica y normativa, unida a los incrementos de costes laborales y fiscales, mantiene a miles de pymes en una situación de bloqueo inversor y extrema prudencia.
Desde el 1 de enero, las pymes han vuelto a asumir nuevos incrementos estructurales de costes que ya no son coyunturales ni temporales, sino permanentes. La nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional vuelve a impactar de lleno en sectores intensivos en mano de obra como el comercio minorista y la restauración, donde los márgenes son reducidos y la capacidad de trasladar costes al precio final es limitada.
A este incremento salarial se suman cotizaciones sociales crecientes, derivadas tanto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional como de un sistema que penaliza especialmente a las pequeñas empresas frente a grandes estructuras con mayor capacidad financiera. El resultado es claro: contratar en España es cada vez más caro, especialmente para quien no tiene economías de escala.
En todos los sectores, además, el impacto no se limita al ámbito laboral. Los costes energéticos, de transporte, de financiación y de cumplimiento normativo siguen presionando la competitividad de muchas pymes industriales, que compiten en mercados internacionales con empresas ubicadas en países con menores cargas fiscales y regulatorias. La transición energética y la digitalización son necesarias, pero no pueden imponerse sin acompañamiento real ni calendarios realistas para las pequeñas industrias.
España sigue teniendo una tasa de paro muy superior a la media europea y, al mismo tiempo, las empresas no logran cubrir determinadas vacantes. Este desequilibrio no es responsabilidad de las pymes, sino consecuencia de un mercado laboral rígido, con desajustes formativos y con un marco normativo que no incentiva la contratación estable en las pequeñas estructuras.
Cuando contratar implica asumir riesgos económicos difíciles de sostener, muchas pymes optan por no crecer, externalizar o directamente renunciar a oportunidades de negocio. Esta es una realidad especialmente visible en la restauración y el comercio, pero también en talleres industriales y pequeñas empresas manufactureras.
Lo que necesita la pyme: menos retórica y más realismo
Desde una perspectiva pyme, las prioridades son claras y urgentes:
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Un entorno normativo previsible, que permita planificar a medio y largo plazo sin sobresaltos constantes.
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Contención de los costes laborales, especialmente para microempresas y sectores intensivos en empleo.
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Simplificación administrativa real, no más burocracia disfrazada de digitalización.
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Incentivos efectivos a la inversión productiva, especialmente en industria, comercio y restauración.
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Políticas de formación y recalificación alineadas con las necesidades reales de las empresas, no diseñadas de espaldas al tejido productivo.
La economía no se construye solo con titulares optimistas ni con indicadores agregados. Se construye con empresas viables, empleo sostenible y reglas del juego equilibradas. Defender a las pymes no es un privilegio ni una reivindicación corporativa: es defender el empleo, la cohesión social y el futuro económico del país.