Jorge Serrano, presidente de ATA Aragón
El trabajo por cuenta propia encara 2026 entre oportunidades reales de crecimiento y la urgencia de un marco estable que deje de penalizar el esfuerzo.
2025 no ha sido un año fácil para los autónomos aragoneses. Tampoco ha sido un año cualquiera. Ha sido, para muchos, el año en el que seguir adelante ha exigido algo más que esfuerzo: ha requerido convicción, sacrificio personal y una capacidad de resistencia que no siempre encuentra respaldo en las decisiones políticas que se toman lejos de nuestra realidad cotidiana.
Aragón cuenta hoy con 98.402 trabajadores autónomos, hombres y mujeres que sostienen buena parte de la economía real de esta comunidad. Sin embargo, en la última década hemos perdido más de 7.000 autónomos, una cifra que debería interpelar seriamente a quienes diseñan las políticas públicas.
Cada autónomo que se da de baja no es solo un número menos en la estadística: es un negocio que cierra, un empleo que no se crea, un servicio que desaparece y, en muchos casos, un proyecto de vida que se apaga, arrastrando con él parte del tejido familiar y social que rodea a un emprendedor que de repente se ve responsable de una situación económica, que en no pocas ocasiones.
Además de no poder resolver involucra a quienes depositaron su confianza y apoyo económico en él, provocando auténticos dramas familiares que parece que el resto de la sociedad y sobre todo aquellos que tienen la obligación de legislar con justicia y protegiendo a los más débiles parecen omitir.
Durante 2025, el colectivo ha tenido que afrontar un escenario complejo: costes energéticos elevados, inflación persistente, encarecimiento de la financiación y una carga burocrática que sigue siendo desproporcionada para quienes trabajan solos o con estructuras mínimas. A todo ello se ha sumado la incertidumbre generada por el nuevo sistema de cotización, que lejos de aportar estabilidad ha introducido preocupación, inseguridad y una sensación generalizada de desprotección.
Desde ATA lo hemos dicho con claridad: no se puede construir un sistema justo penalizando a quien genera actividad económica. Las subidas de cuotas planteadas por el Gobierno central —que para muchos autónomos suponen incrementos anuales de varios cientos de euros— no tienen en cuenta la irregularidad de los ingresos ni la realidad de sectores enteros que sobreviven con márgenes muy ajustados. Pedir más esfuerzo a quien ya está al límite no es justicia social; es desconocimiento de la realidad.
Aragón, además, tiene una particularidad que no siempre se contempla desde Madrid: el peso del medio rural. En muchos municipios, el autónomo es el último sostén económico y social. Cuando desaparece un comercio, un taller o un pequeño servicio profesional, no hay alternativa. La despoblación no se combate con discursos, sino con políticas que permitan a los autónomos quedarse, crecer y vivir dignamente de su trabajo.
Frente a este contexto, es justo reconocer que en 2025 se han dado pasos positivos desde las instituciones aragonesas. El impulso del Plan Estratégico del Trabajo Autónomo, las ayudas al emprendimiento, los planes de relevo generacional, los programas de segunda oportunidad —que han permitido exonerar más de 3,5 millones de euros en deudas— y la colaboración con los ayuntamientos, especialmente el de Zaragoza, han demostrado que cuando se escucha al sector, las políticas funcionan.
Pero no podemos conformarnos. 2026 debe ser un punto de inflexión. Un año en el que el autónomo deje de ser visto como un contribuyente cautivo y pase a ser reconocido como lo que es: un pilar esencial del crecimiento económico, del empleo y de la cohesión territorial. Aragón tiene talento, tiene iniciativa y tiene capacidad para liderar un modelo más equilibrado, donde emprender no sea un acto de heroicidad, sino una opción viable.
Desde ATA Aragón seguiremos defendiendo, con firmeza y responsabilidad, los intereses de los autónomos. Lo haremos dialogando cuando sea posible y reivindicando cuando sea necesario. Pedimos al Gobierno central menos improvisación y más escucha; menos presión y más protección; menos discurso y más realismo.
Porque los autónomos no pedimos privilegios. Pedimos reglas claras, estabilidad y respeto. Y desde Aragón seguiremos trabajando para que ese respeto se traduzca en políticas que permitan mirar al futuro con confianza.
