Isabel Lasobras. E.E.
La política aragonesa durante 2025 ha discurrido por un terreno tan previsible como preocupante: parálisis legislativa, incoherencias continuas, tensiones entre la derecha y la ultraderecha y una larga ristra de incumplimientos que han desembocado en un adelanto electoral fijado para el 8 de febrero de 2026. Apenas un año y tres meses después de las elecciones de 2023, el presidente Jorge Azcón (PP) ha optado por las urnas como tabla de salvación, tras evidenciar su incapacidad para gobernar Aragón con rumbo, estabilidad y eficacia.
Uno de los rasgos más definitorios de esta minilegislatura ha sido la incapacidad del Gobierno de Azcón para negociar, acordar y legislar. En dos años, solo se han aprobado 12 leyes, de las cuales siete procedían del propio Ejecutivo. Un balance claramente insuficiente que no puede atribuirse a una oposición obstruccionista, sino a la ausencia de proyecto político para Aragón y a una preocupante falta de voluntad real de diálogo.
El plan normativo anunciado por la DGA, que incluía cerca de una veintena de iniciativas, ha quedado reducido a papel mojado: apenas una cuarta parte llegó a debatirse en las Cortes de Aragón. Han quedado por el camino normas clave como la ley de vivienda o el Estatuto de la Mujer Rural, mientras la comunidad sigue sin presupuestos para 2025 y sin garantías de contar con ellos en 2026, más allá de un PowerPoint negociador con el que se intentó justificar una decisión que, en realidad, ya estaba tomada. Tampoco han prosperado dictámenes fundamentales como los de las comisiones sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, la protección de la infancia frente al uso de la tecnología o el establecimiento de criterios políticos ante la hiperinstalación de centros de datos en Aragón.
Este bloqueo no ha sido inocuo. Sin presupuestos y sin leyes, la administración pública aragonesa ha quedado atrapada en un limbo prolongado, mientras el Gobierno tensaba —de forma tan innecesaria como absurda— su relación con Vox, el socio que permitió la investidura en 2023. El argumento del PP de que determinadas medidas eran “ilegales” en Aragón mientras se aplicaban sin rubor en Valencia resume bien las interesadas contradicciones territoriales y políticas de Azcón y los suyos.
Mientras tanto, las calles hablaban. Desde el Pirineo hasta las sierras turolenses, pasando por el valle del Ebro y los somontanos, las movilizaciones reclamaban una sanidad y una educación públicas dignas, respeto al territorio y protección del paisaje. La respuesta del Gobierno de Azcón fue inequívoca: más privatizaciones, más macroproyectos y más anuncios, utilizados como cortina de humo para ocultar los datos de pobreza y desigualdad que denuncian organismos sociales y a los que este Ejecutivo no dedica ni una palabra ni una política.
¿El resultado? Elecciones anticipadas. Y ello pese a que, apenas unos meses antes —a finales de mayo y en sede parlamentaria—, el propio Azcón aseguraba que un adelanto electoral “no estaba encima de la mesa”, que sería una decisión “cortoplacista” y que respondería a los intereses del PP y no a los de Aragón. En diciembre anunció elecciones para febrero, sin explicar el cambio de criterio, asumiendo el nuevo discurso con la misma convicción con la que había defendido el anterior.
La guinda a este lamentable 2025 político ha llegado incluso con las Cortes ya disueltas. La Junta Electoral ha concluido recientemente que el PP de Aragón, con Azcón al frente, infringió la LOREG al presentar proyectos de obra pública —como el centro de salud de Arcosur— y realizar anuncios institucionales en plena precampaña. La ley es clara: no se puede confundir gestión con propaganda. El fallo no solo supuso un varapalo legal, sino que evidenció una forma de gobernar basada en el uso electoralista de los recursos públicos. La reacción posterior, especialmente desde la Vicepresidencia, terminó de retratar una preocupante mezcla de impunidad, soberbia y desprecio por las reglas democráticas más elementales.
Este es, en definitiva, el verdadero mensaje de fin de año del Gobierno de Azcón: bloqueo político, anuncios incumplidos y menosprecio institucional. Un balance que nos conduce a una nueva cita en las urnas con la oportunidad de poner fin, con nuestra voz y con nuestro voto, a esta política del gatopardismo, esa estrategia que simula grandes cambios para que, en realidad, no cambie nada. O peor aún: para que Aragón vaya a peor.
