La okupación ilegal de viviendas no es un fenómeno nuevo, pero en los últimos años se ha convertido en una problemática que afecta profundamente a nuestros vecinos, con repercusiones directas en la seguridad ciudadana, la economía y la convivencia. Frente a esta situación, el Ayuntamiento de Zaragoza ha dado un paso firme al implementar políticas claras para combatirla, destacándose por escuchar a sus ciudadanos y tratar de combatir con los instrumentos de la administración local este modus vivendi tan preocupante. Todo ello frente a un Gobierno de Pedro Sánchez que prefiere mirar para otro lado, condicionado por sus compromisos con socios políticos como Bildu, ERC o Sumar, que históricamente han mostrado una reticencia ideológica hacia la defensa de la propiedad privada y fomentando la okupación.

En un intento por justificar la okupación, algunos sectores de la izquierda y la ultraizquierda han promovido la idea de que esta responde a una necesidad social derivada de la falta de vivienda asequible. Sin embargo, esta narrativa, que busca presentarla como un acto de resistencia, ignora las verdaderas consecuencias del fenómeno. La okupación no solo es un delito según nuestro Código Penal, sino que también pone en riesgo la seguridad y la tranquilidad de los barrios afectados.

En muchas de estas viviendas okupadas, se han detectado actividades ilícitas como el tráfico de drogas, generando focos de criminalidad que afectan directamente a los vecinos. Además, las conexiones ilegales a la red eléctrica y el deterioro de las infraestructuras urbanas suponen un riesgo muy evidente. Este modus vivendi de los okupas amenaza directamente a la calidad de vida de quienes cumplen con sus obligaciones y respetan las leyes.

Una inseguridad que genera un impacto económico directo. La okupación ilegal contribuye al aumento del precio de la vivienda, ya que reduce la oferta disponible, especialmente en el mercado del alquiler. Los propietarios, temerosos de que sus inmuebles sean okupados, se muestran reacios a alquilar, establecen precios más altos para cubrir posibles contingencias o prefieren convertir sus pisos en viviendas turísticas. El resultado es un mercado inmobiliario menos accesible, que termina perjudicando a quienes realmente necesitan una vivienda y cumplen con las normas.

Frente a esta dejadez gubernamental responsable de regular esta materia, el Ayuntamiento de Zaragoza que dirige la alcaldesa Natalia Chueca ha demostrado que sí es posible abordar el problema de la ocupación ilegal con medidas concretas y efectivas. Desde la creación de oficinas especializadas para escuchar a los vecinos afectados hasta la reciente aprobación de un protocolo policial antiokupación, la administración local ha sentado un precedente de cómo actuar con determinación frente a este fenómeno.

El protocolo aprobado establece criterios claros para que la Policía Local pueda intervenir en casos de okupación, marcando un punto de inflexión en la defensa de los derechos de los propietarios y de la seguridad vecinal.

De esta forma, la Policía Local podrá detener en los casos de ocupación ilegal en lo que concurra la violencia o intimidación.

Asimismo, los agentes de la Policía de Zaragoza podrán desalojar viviendas okupadas en casos flagrantes de delito. Estos los establece la Sala Segunda del Tribunal Supremo y es cuando los hechos son presenciados directamente por los agentes de la autoridad, observando el agente actuante el acceso al inmueble y la introducción de utensilios que permitan inferir la intención de efectuar una ocupación de carácter permanente; cuando los vecinos y/o testigos avisan que hay personas entrando a un inmueble utilizando la fuerza (rompiendo o fracturando una puerta o ventana), o mediante el aviso de una central de alarmas por activación de la señal de intrusión en un inmueble.

Este enfoque no solo busca resolver los conflictos actuales, sino también prevenir futuras okupaciones al enviar un mensaje contundente: en Zaragoza, la ley se respeta y los derechos de los ciudadanos se protegen.

Además, estas políticas están alineadas con un enfoque más amplio de mejora de la seguridad en calles y plazas, lo que contribuye a devolver a los vecinos la tranquilidad que merecen. Por ello se está aumentando la plantilla de la Policía Local y se han introducido sistemas de videovigilancia.

Las acciones del Ayuntamiento de Zaragoza son un ejemplo a seguir, pero la responsabilidad de una legislación única que proteja los derechos de los ciudadanos corresponde al Gobierno de España.